El reciente desmantelamiento de una supuesta escuela de fútbol en la ciudad de Pirayú dejó al descubierto una problemática recurrente en el país: la vulnerabilidad social y económica de familias del interior que son instrumentalizadas por estafadores. Con falsas promesas de fichajes en clubes profesionales o en el extranjero, falsos cazatalentos logran reclutar a adolescentes con el consentimiento de tutores acorralados por la falta de oportunidades.
En este caso, el imputado Guillermo Sosa enfrenta cargos por estafa y violación del deber de cuidado, tras mantener a menores en condiciones de extrema precariedad, cobrando sumas periódicas a los padres sin prestar servicio o formación deportiva alguna.
El perfil de la captación: necesidad e indefensión
El agente fiscal a cargo de la causa, Dr. José Godoy, explicó a la 650 AM, cómo la vulnerabilidad socioeconómica de los núcleos familiares se convierte en el factor facilitador para este tipo de engaños en zonas rurales o golpeadas por la pobreza.
“Viste que son gente de escasos recursos la mayoría. No quiero culpar con eso de nada, pero son familias disfuncionales, gente de escasos recursos, gente que no tiene la posibilidad de asistir, de preguntar o de retirarse”, afirmó el representante del Ministerio Público sobre la falta de verificación de las condiciones en las que quedaban los menores.
Cobros indebidos y desarraigo escolar
Las pesquisas confirman que el reclutador exigía giros continuos de dinero a las familias para la compra de equipamiento e indumentaria que nunca fueron entregados, al tiempo que cortaba los vínculos educativos formales de los jóvenes.
“Lo que nosotros tenemos comprobado hasta el día de hoy es que él sacaba plata”, aseveró el fiscal Godoy. Asimismo, detalló el impacto en la escolaridad de los afectados: “Llega a Santa Rosa y le tratan de volver a inscribir en el colegio, y salta que en realidad nunca fue matriculado en el departamento de Paraguarí. Quiere decir que nunca fue inscrito”.
El agente fiscal enfatizó factores clave que permitieron el sostenimiento del esquema:
Aislamiento y escasa comunicación: Las familias mantenían un contacto mínimo y esporádico con los adolescentes, lo que impidió detectar a tiempo las condiciones de hacinamiento, mala alimentación e insalubridad en las que vivían.
Abandono de la escolaridad: Ninguno de los menores rescatados contaba con matriculación ni asistencia escolar en la zona de Paraguarí, situación que pasó desapercibida para los tutores durante meses.
Aportes económicos constantes: Pese a sus escasos recursos, los padres realizaban giros periódicos de dinero para supuesta indumentaria, calzado y manutención que el imputado embolsaba sin prestar servicio alguno.
Alertas sobre redes de trata y explotación
Las autoridades advierten que estas estructuras aprovechan el aislamiento comunicacional y el sometimiento psicológico para impedir que los jóvenes abandonen los inmuebles donde son alojados.
“Existían algunas alertas que nos preocupó bastante en cuanto al modo de reclutamiento. La denuncia manifestaba que supuestamente les hablaba de brujería y que si no hacían caso les iba a venir el ‘Luison’ (Luisón)”, señaló Godoy, agregando que no descartan tipificaciones más graves: “Por las alertas que había, la forma de atraer a esos jóvenes es muy parecida al sistema de trata. Investigamos si se trataría de una estafa o si podría ser trata, abuso o explotación”.
Desde el Ministerio Público instaron a la ciudadanía a extremar los controles y exigir acreditaciones oficiales ante cualquier oferta académica o deportiva que requiera la entrega o traslado de menores de edad.