El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, a cargo de la jueza Sandra Noelia Kirchhofer González, declaró oficialmente extinguida la pena en la causa por lesión de confianza en la que fue condenado Higinio Sebastián Fernández Riquelme, exintendente de la municipalidad de San Carlos del Apa. El perjuicio patrimonial investigado superó los 3 mil millones de guaraníes.
El exjefe comunal recibió una condena de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución. El Tribunal integrado por Elsa García, Matías Garcete y Adriana Planás justificó su decisión debido a falencias investigativas investigativas por parte de la Fiscalía.
La resolución fue formalizada a través del Auto Interlocutorio (A.I.) N.° 467, luego de constatarse el vencimiento del plazo de la condena y el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Antecedentes del caso
Fernández Riquelme fue acusado por la Fiscalía de haber ocasionado un presunto perjuicio económico de aproximadamente G. 3.000 millones de los fondos municipales. El dossier fiscal incluyó irregularidades como la firma de un pagaré para intentar justificar el desvío o “préstamo” de dinero público al también exintendente Aníbal Schupp. Sin embargo, la teoría no tuvo firmeza por lo que no se consiguió una pena superior para el mismo.
En el año 20109, la Cámara de Diputados resolvió intervenir la Comuna y destituirlo del cargo. Durante el proceso judicial, el acusado enfrentó al Tribunal tras varias suspensiones previas.
El 28 de octubre de 2024, el Juzgado Penal de Sentencia Especializado de Delitos Económicos resolvió condenar a Fernández Riquelme a dos años de pena privativa de libertad. En esa ocasión, la magistratura le otorgó el beneficio de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por un periodo de dos años, imponiéndole reglas de conducta.
“De acuerdo al informe de la actuaria judicial y las constancias obrantes en autos, a la fecha el periodo de prueba se halla vencido (28 de octubre de 2026), sin que el beneficio haya sido revocado... cumpliendo con las reglas de conducta impuestas, corresponde declarar la extinción de la pena”, destaca el fundamento judicial del A.I. N.° 467.
Cierre definitivo y archivo del caso
Conforme a lo establecido en el artículo 50 del Código Penal, al transcurrir el periodo de prueba fijado (vencido el 28 de octubre de 2026) sin haber incurrido en revocaciones, la sanción queda extinta de pleno derecho.
El juzgado remitió los oficios correspondientes a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Dirección General de Migraciones y a la Justicia Electoral para la actualización de sus registros, disponiendo finalmente el archivo definitivo de la causa.