El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández dispuso la conformación de un equipo de agentes fiscales para investigar la presunta liberación de personas privadas de libertad y otros hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, ubicado en Emboscada, departamento de Cordillera.
El equipo está integrado por las agentes fiscales Fabiola Sosa, de la Unidad Penal n.º 1 de Emboscada, y Mayra Palacios, de la Unidad Penal n.º 2 de esa ciudad; el agente fiscal Rubén Romero, de la Unidad Penal n.º 2 de Piribebuy; y el agente fiscal Luis Said, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado n.º 2, con sede en Asunción.
Los fiscales podrán actuar de manera conjunta o separada, según las necesidades de la investigación. La dirección del equipo estará a cargo de la fiscal Fabiola Sosa, mientras que la coordinación corresponderá a la fiscal adjunta Alma Zayas, responsable del Área VII (Cordillera).
Ayer, los fiscales Fabiola Sosa y Rubén Romero imputaron al exdirector del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, Pablo Abel González Apuril, por la presunta comisión del hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal, proceso penal que surge de las investigaciones llevadas tras la fuga de los condenados Éver Alejandro Ozuna López, alias “Tanchí”, señalado por la Policía como un peligroso sicario con condena de 25 años por homicidio, secuestro y narcotráfico, y Robert Arsenio Merlo Villalba, registrada en la madrugada del domingo último.
Los agentes del Ministerio Público pidieron al juzgado pertinente la prisión preventiva de González, al considerar que existen riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación.
Según el escrito de la imputación, a las 00:30 se dieron a la fuga Éver Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. Posteriormente, tras la fuga, el subjefe de seguridad del Centro Penitenciario, Mario Cristaldo habría dado instrucciones al agente penitenciario Pedro Antonio Balbuena Gayoso para que procediera a extraer los dispositivos celulares que poseían las personas privadas de libertad y que los depositara en un bolsón a fin de trasladar dichos aparatos fuera de la penitenciaría, esto a petición de Aldo Galeano, jefe de seguridad, quien a su vez recibió órdenes del director Pablo González Apuril.
Según los fiscales, dichos celulares contendrían información ligada a otros hechos punibles, en virtud a que los supuestos dueños serían personas privadas de libertad en el marco de causas relacionadas al crimen organizado.