A continuación compartimos inextenso el comunicado del Consejo de la Magistratura:
El Consejo de la Magistratura, ante las graves y oprobiosas manifestaciones difundidas en medios de comunicación en fecha 28 de octubre de 2026, relacionadas con supuestos pagos de dinero para la integración de ternas de candidatos a cargos de magistrados, considera necesario expresar cuanto sigue:
El Consejo de la Magistratura rechaza categóricamente cualquier práctica de corrupción que pudiera comprometer la transparencia, legalidad y legitimidad de los procedimientos de selección de magistrados, así como la confianza pública en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
La gravedad de las afirmaciones difundidas, particularmente aquellas que hacen referencia al supuesto conocimiento de un caso concreto de entrega de una importante suma de dinero para integrar una terna, exige que quien manifiesta tener conocimiento de tales hechos aporte los antecedentes correspondientes y formule la denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se promueva la investigación pertinente y se determinen las eventuales responsabilidades penales.
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El Consejo de la Magistratura repudia enérgicamente cualquier acto de corrupción vinculado a la integración de ternas, advirtiendo que la responsabilidad no recae únicamente sobre quien solicita o recibe dinero, sino también sobre quien lo ofrece o entrega. Asimismo, considera inadmisible que quien afirma tener conocimiento concreto de hechos de semejante gravedad se limite a formular declaraciones públicas, sin ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes, contribuyendo con su silencio a la impunidad de tales conductas.
Ante la gravedad de las manifestaciones difundidas, el Consejo de la Magistratura se encuentra analizando las acciones legales que correspondan, a fin de esclarecer las graves afirmaciones realizadas públicamente, determinar las responsabilidades que pudieran corresponder y resguardar la integridad y credibilidad institucional.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el correcto ejercicio de sus atribuciones constitucionales, reiterando su plena disposición de colaborar con el Ministerio Público y los demás órganos competentes en el esclarecimiento de cualquier hecho que pudiera afectar la integridad de los procedimientos de selección de magistrados.
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