Los abogados José Ignacio González Macchi, Martín Nicora y Cynthia Almada González se refieren concretamente a la orden de secuestro de los vehículos Jeep Compass Limited 1.3T4, modelo 2025, inscripta a nombre de Mía Cecilia Alejandra Jara Otazú (hija del procesado); Jeep Commander, inscripto a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas; Toyota Land Cruiser inscripto a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas.
“Si bien ratificamos que la verosimilitud del derecho y el peligro de demora no se encuentran debidamente acreditados, por lo que no proceden medidas cautelares de carácter patrimonial, más allá de las necesarias para garantizar el sometimiento de nuestro defendido al proceso; consideramos como propuesta de solución, que los rodados cuyo secuestro ha solicitado el Ministerio Público sean embargados, pero entregados a su titular, bajo la figura de depósito judicial”, dice el escrito
Los abogados presentaron recurso de apelación general contra la resolución del magistrado que impuso la referida cautelar, entre otras como la inhibición de vender y gravar bienes.
Genera perjuicios
“Nuestra parte se agravia de lo resuelto por el magistrado inferior, en razón de que consideramos que las disposiciones relativas a la inmovilización de activos de nuestro defendido ha sido dictada en violación de garantías de rango constitucional relativas a la presunción de inocencia y el debido proceso, además de normas legales de procedimiento; en lo que hace a la falta de acreditación, por parte del Ministerio Público de la verosimilutd del derecho y el peligro en la demora.”, refiere la apelación.
La defensa señala que la resolución judicial de primera instancia genera perjuicios para el procesado.
“La medida decretada por el interlocutorio cuestionado genera gravamen irreparable puesto que ocasionaría un daño desproporcionado e innecesario (pérdida de valor por desuso, falta de mantenimiento en depósitos de la Fiscalía o de la SENABICO, privación del medio de transporte familiar o laboral) en una etapa donde rige con fuerza el principio de inocencia (Art. 17 de la Constitución Nacional)”, indica.
La imputación
La fiscala Yeimy Adle imputó al expresidente de Petropar, Eddie Jara, por supuesto enriquecimiento ilícito y a su exesposa Karina Estefanía Otazú Fleitas por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con los elementos reunidos, entre agosto de 2023 y marzo de 2026 se identificaron depósitos y aplicaciones de dinero en efectivo por G. 5.547.396.611, cuya procedencia no habría sido suficientemente justificada mediante los ingresos y registros financieros examinados. Tras considerar la capacidad de ahorro estimada para el período, la Fiscalía estableció preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612.