El equipo de fiscales, encabezado por Silvio Corbeta, continúa esta mañana con la lectura de pruebas documentales contra el exintendente Miguel Prieto, acusado por su supuesta lesión de confianza y asociación criminal. El juicio de hoy trata sobre el caso conocido como Tía Chela.
El caso se remonta a la época de la pandemia, en la que la Municipalidad de Ciudad del Este contrató a varias empresas para la provisión de alimentos a personas vulnerables. Según la Fiscalía, se debieron repartir 25.000 kits de alimentos que supuestamente no se completaron.
La sesión está anunciada para las 9:30.
Según el fiscal Corbeta, Tía Chela es la principal empresa proveedora y otras empresas vendieron alimentos a la misma para que a su vez provea los productos a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Conforme a la investigación fiscal, en el circuito de provisiones, se inventaron facturas ficticias para perjudicar a la Municipalidad de Ciudad del Este por más de 2.130 millones de guaraníes.
La semana pasada, el fiscal Corbeta leyó las facturas de Vanemi SA, una pequeña empresa que vendía alimentos a Tía Chela y le acusó de presentar documentos que no cumplían con los requisitos formales, como ser la falta de fechas o inconsistencias en el tipo de mercaderías proveídas. El fiscal continúa hoy su exposición sobre este mismo punto.
Los hechos relatados por el fiscal supuestamente ocurrieron durante la pandemia del covid-19 y su presentación guarda relación con facturas del 2020, año en que continuó el reparto de alimentos. Mediante las facturas ficticias, la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Prieto, supuestamente simuló gran parte de las compras.
Por su parte, la defensa sostiene que la acusación no tiene sentido, porque las pequeñas empresas vendieron entre empresas del sector privado, de particular a particular, por lo que nadie puede acusarle de lesión de confianza, mientras la Fiscalía ratificó en su exposición el supuesto hecho de que se formó una red de pequeñas empresas para perjudicar a la citada municipalidad.
De Tía Chela, la Fiscalía sostiene que como empresa no contaba con la infraestructura, capacidad logística ni las condiciones comerciales requeridas para cumplir con provisiones de gran escala, en tanto la defensa ofreció a los dueños de firmas como testigos para declarar ante el tribunal que las provisiones fueron realizadas en su totalidad.
El tribunal había advertido a la defensa sobre más acusaciones contra Prieto, como producción de documentos falsos y estafa. Sin embargo, el proceso penal sigue sin que la carátula del expediente incorpore estos tipos penales, de lo cual se infiere que el tribunal aún no oficializó la ampliación de la acusación.
El Tribunal de Sentencia de primera instancia que juzga a Prieto está integrado por los jueces Yolanda Moral, Ana Rodríguez Brozón (presidenta) y Karina Rodríguez.