Tras sus alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia, integrado por Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres, el fiscal Luis Piñánez solicitó 7 años y 6 meses de prisión para el exjuez penal de Garantías de Ñeembucú, Geraldino Cazal Argüello, 4 años y 6 meses para la exfiscal María Angélica Acosta Bjasso y 4 años y 6 meses para el abogado Luis Antonio Méndez Vera. acusados por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. Los mismos habrían pedido dinero para favorecer a un procesado en una causa por un hecho contra la indemnidad sexual de un menor de edad.
La acusación con relación a este caso refiere que entre julio y agosto del 2019, el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Angélica Acosta habrían recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez con el fin de favorecer a Teófilo Gómez, acusado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión en Alberdi, Ñeembucú.
La fiscala y el mencionado juez habían recibido en sus respectivos despachos en julio de 2019, a Ramón Acosta, abogado de Teófilo Gómez, a quien, ambos acusados coincidieron en señalar que tenía que llegar a un acuerdo con el profesional querellante Méndez Vera, también hoy acusado, quien fungía de nexo de la fiscal Acosta y el juez Cazal, y a través del cual se solicitó la suma de dinero al defensor del procesado, conforme al requerimiento fiscal.
Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40.000.000, para entregar G. 20.000.000 a la madre de la víctima, G. 10.000.000 a la fiscala Acosta y los G. 10.000.000 restantes al juez.
Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.
En noviembre del 2025, el Concejo de la Magistratura ternó nuevamente a la ahora exagente del Ministerio Público María Angélica Acosta; sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia decidió no confirmar a la exfiscal, pese a que aún su causa no cuenta con sentencia.
El 2 de octubre del 2025, Méndez fue detenido durante una entrega vigilada de G. 20.000.000, dinero que habría solicitado al procesado para la fiscal en cuestión a cambio de un arresto domiciliario. .