El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto sufrió un revés en el Tribunal de Apelación en el segundo proceso penal que enfrenta en Asunción: el caso “Tajy”. El órgano judicial de segunda instancia rechazó la apelación que presentó su defensa contra la convocatoria a juicio y a partir de ahora se tendrá que sortear quiénes serán los magistrados que llevarán adelante este acto.
En el caso “Tajy”, Prieto está acusado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, aunque el supuesto perjuicio económico a la Municipalidad de Ciudad del Este es menor (G. 306 millones), que en el primer juicio, conocido como caso “Tía Chela” (G. 2.030 millones), en el cual también Prieto está acusado por lesión de confianza y asociación criminal.
Para el tribunal de Apelación no se justifica el recurso porque el acusado no fundamentó en qué le afectó o le perjudicó la convocatoria a juicio oral y público, más bien debió someterse y enfrentar allí las acusaciones. Las objeciones del acusado son más bien contra el tema de fondo y no contra la convocatoria según los magistrados.
El juez penal de Garantías Humberto Otazú firmó la resolución que eleva el caso “Tajy” a juicio oral el pasado 4 de agosto del presente año. Luego Prieto apeló y ayer el Tribunal de Apelaciones dictó la resolución. No halló motivos que justificaran la apelación.
La acusación presentada por la Fiscalía dice que Prieto simuló las compras de mercaderías y que para la provisión de las mismas fue adjudicada la empresa Tajy Servicios Generales, propiedad del tío de la expareja de Prieto llamado Buenaventura Morínigo.
El Ministerio Público también acusó a Prieto por el hecho de haber adjudicado a una empresa que no tiene capacidad para proveer mercaderías al Estado y lo hizo por vía de excepción. Con este mecanismo se realizó la compra simulada de mercaderías que serían insumos para la fabricación de productos panificados.
La Fiscalía también acusó de haber detectado compras realizadas por la Municipalidad de Ciudad del Este y que se verificó que las mercaderías nunca fueron entregadas a la comuna local. El hecho que motivó la apertura del proceso penal ocurrió entre marzo y junio del 2020, según la acusación fiscal. El 11 de junio del 2020 se pagó supuestamente en forma irregular a la empresa proveedora Tajy (Tajy Servicios Generales) por productos que jamás fueron entregados.
En el expediente también figura que la acusación fiscal, basada en informes de la Contraloría, señala que la empresa Tajy se dedicaba originalmente a otros rubros como construcción de pozos artesianos y que no contaba con la estructura ni el stock para proveer alimentos.