En mayoría, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel de Jesús Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, redujo las penas impuestas al exfuncionario del departamento de Migraciones Bernardo Arellano y al encargado de Informática del departamento de Identificaciones, suboficial inspector Cirilo Gustavo Amarilla condenados por conseguir cédulas y pasaportes falsos que fueron proveídos por la empresaria Dalia López al exfutbolista Ronaldinho Gaucho, su hermano, Roberto de Assis Moreira y al al representante del exjugador Wilmondes Sousa Lira.
Con los votos de Llanes y Benítez Riera, la Sala Penal hizo lugar al recurso de casación planteado por la defensa de los condenados y redujo la pena de 5 años de cárcel a 4 años y 6 meses para Bernardo Arellano, quien fue condenado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso en calidad de coautor y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de cómplice.
Además redujo de 4 años a 3 años 6 meses de cárcel la pena para el suboficial Cirilo Gustavo Amarilla, condenado por los mismos hechos punibles.
El ministro preopinante, Manuel Ramírez Candia votó por el reenvío de la causa para un nuevo juzgamiento.
Ronaldinho y Roberto de Assis llegaron al país en marzo del 2020 y luego de ser detenidos por utilizar documentos paraguayos de contenido falso quedaron recluidos en la Agrupación Especializada. Posteriormente pasaron a cumplir arresto domiciliario en un céntrico hotel. Ronaldinho fue beneficiado por una salida procesal, previo pago de multa, mediante la cual regresó a su país.
El caso vinculó a la empresaria Dalia López con una supuesta red de falsificación documental utilizada para actividades ilícitas como el lavado de dinero. El Ministerio Público busca determinar si aún López puede ser procesada por asociación criminal o solamente por la falsificación de documentos.
Dalia López fue detenida el 2 de abril del presente año tras 6 años de permanecer en la clandestinidad.
La orden de prisión preventiva fue dictada inicialmente por el juez Raúl Florentín, y luego pasó a cargo del juez penal de Garantías Francisco Acevedo.
La investigación del caso está a cargo de los fiscales Cristian Ortiz, Alejandro Cardozo, Martín Morínigo y Juan Sandoval, todos de la Unidad del Crimen Organizado del Ministerio Público.