El Tribunal de Sentencia que juzga al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza y asociación criminal, ordenó ayer a la defensa que se prepare también para ejercer sus funciones sobre otros cargos, como estafa y documentos públicos de contenido falso.
Prieto y otros acusados no esperaban la noticia que se le cayó como un balde de agua fría, aunque la defensa admitió que es potestad del tribunal ampliar los cargos cuando cree razonablemente necesario.
La decisión del tribunal aún no fue formalizada por escrito, pero ya fue anunciada oralmente. Inclusive, la presidenta Ana Rodríguez mencionó que un nuevo cargo se referirá a estafa, tipificada en el artículo 187 inciso primero del Código Penal, en concordancia con el artículo 29 inciso segundo que se refiere a la coautoría.
El tribunal también ordenó a la defensa que prepare su trabajo sobre el cargo de producción de documentos falsos que tipifica el artículo 246 inciso primero en calidad de coautor. El Tribunal de Sentencia está integrado además por las juezas Yolanda Morel y Karina Cáceres.
Con Prieto están procesados otras 10 personas que representan a pequeñas empresas que operaron con “Tía Chela”, la principal proveedora de mercaderías a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Actualmente, todos están acusados por la Fiscalía de formar una red de empresas con quienes Prieto supuestamente logró desviar de las arcas municipales más de G. 2.030 millones durante la pandemia.
Una vez que el Tribunal de Sentencia informó sobre los nuevos procesos contra Miguel Prieto y otros procesados, siguió el juicio normal con la lectura de documentales por parte de la Fiscalía.
El fiscal Silvio Corbeta leyó un documento de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) dependiente de la DNIT, para demostrar pruebas de que supuestamente Prieto y otros procesados fabricaron facturas falsas para perjudicar a la Municipalidad.
Tras la lectura, el abogado de Prieto, Guillermo Ferreiro, declaró que el citado fiscal se olvidó de la conclusión que decía que no se hallaron inconsistencias en la auditoría realizada.
Según la acusación fiscal, Prieto favoreció a Tía Chela en la licitación por más que esta empresa no haya tenido capacidad para proveer 25.000 kits de alimentos para la gente necesitada durante la pandemia.
Además, la Fiscalía señaló que no se entregaron totalmente dicha cantidad y que las autoridades municipales fabricaron facturas falsas.
La defensa criticó el trabajo de investigación fiscal
La decisión del tribunal de ampliar los cargos contra Miguel Prieto “demuestra un trabajo poco prolijo de la Fiscalía”, declaró el abogado Guillermo Ferreiro, uno de los defensores del citado político.
Ferreiro expresó: “Ojalá alguna vez los fiscales puedan subsumir correctamente los hechos en la tipificación del Código Penal y no tener que pasar por esta situación en que un tribunal tenga que tomar la decisión de ampliar las acusaciones. Definitivamente, esto demuestra que la Fiscalía hizo un trabajo poco prolijo”.
Por su parte, el principal acusado, Miguel Prieto, también fue consultado por la prensa sobre la ampliación de cargos en su contra y respondió: “No me preocupa”. Luego agregó: “Creo que la Fiscalía no tiene solidez en su acusación por eso están buscando otras opciones. Me investigaron durante 6 años por asociación criminal y lesión de confianza y resulta que hoy están introduciendo otra calificación penal. Algo pasa. Nosotros igual vamos a defendernos”.
A su vez, el abogado Carlos Daniel Alarcón, defensor de Emili Vanessa Florentín Páez, presentó un recurso de aclaratoria. Quiere saber a qué documentos alude el tribunal cuando se refiere al tipo penal de producción de documentos no auténticos, en calidad de coautora.
Con Prieto están procesados otros representantes de proveedores como Emilia Vanesa Florentín Báez, Francisco Arrúa Álvarez, Fermín Ávalos Britos, Sebastián Martínez Insfrán, Nelson Segovia Acevedo, Maggi Fariña Almada, Higinio Acuña, José Cáceres Galeano, Cirle Alcaraz Ramírez y Julián Benítez Gamarra.
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