La audiencia será presidida por el juez Yoan Paul López y se iniciará a las 9, conforme fueron notificadas las partes.
La fiscala Silvia González Vester representa al Ministerio Público, en tanto que el senador por el Partido Democático Progresista es defendido por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
Tras escuchar a las partes y analizar las pruebas ofrecidas, el magistrado deberá determinar si la causa se eleva a juicio oral y público. Si esto se concreta, el caso será remitido a un tribunal de sentencia, que quedará a cargo del proceso.
Perjuicio de más de mil millones
La Fiscalía acusa a Rafael Filizzola de ordenar, cuando era ministro del Interior durante la presidencia de Fernando Lugo, millonarios desembolsos de dinero a favor de la empresa TODO VERDE Emprendimientos.
El desembolso era para la reparación y construcción de 24 comisarías del área metropolitana. Según el Ministerio Público, la administración de Filizzola causó un perjuicio patrimonial al Estado de G 1.131.812.500.
El 6 de diciembre del 2010 se hizo el primer desembolso y el 21 del mismo mes y año se hizo el segundo desembolso, según los comprobantes.
Para la Fiscalía, las obras prometidas nunca concluyeron y en varios de los casos ni siquiera empezaron.
El caso se inició en el 2013
Este caso se inició en el año 2013, con la imputación formulada por el fiscal Aldo Cantero, pero las excesivas dilaciones hicieron que el proceso, 13 años después, no llegue aún a la etapa de audiencia preliminar.
El pasado 23 de septiembre, la Cámara Apelaciones revocó la resolución del juez Yoan Paul López, de fecha de 6 de mayo de 2925, en la que se declaró la prescripción de la causa y decretó el sobreseimiento definitivo de Filizzola.
La Cámara estuvo integrada por Paublino Escobar, Jesús Riera Manzoni y Adriana Giagni, quien integró esta sala, por inhibición de Camilo Torres, que manifestó su amistad con Filizzola.
Contra esta resolución, Filizzola recurrió ante la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad.
Empero la acción promovida por Filizzola no debería interrumpir el inicio de la audiencia preliminar.
Otra posibilidad que se podría presentar en la audiencia de hoy, es que la defensa recuse al juez López, con el argumento de que el referido magistrado ya sentó una postura en esta causa.
El artículo 192, inciso 1 del Código Penal por el que acusó el Ministerio Público establece un marco penal de cinco años de cárcel.
Tres conductas cuestionadas
En la acusación presentada en su momento ante la jueza Lici Teresita Sánchez, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez estableció tres conductas del senador Rafael Filizzola, que comprometen su imagen, en este proceso.
Primera Conducta: Rafael Filizzola Serra, en su carácter de Ministro del Interior aprobó por Resolución N° 449 del 15 de octubre de 2010, el Llamado a la Licitación Pública Nacional N° 29/10 para la Adecuación Edilicia de 24 Comisarías del Área Metropolitana, para la construcción de celdas, sin que existiera una necesidad ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas que avalen la construcción de las mismas e igualmente sin un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.
Segunda conducta: por haber dispuesto mediante la Resolución N° 449/10, que el pago sea efectuado con fondos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2010, teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras eran de 60 y 90 días y que conforme a la fecha del llamado y el proceso administrativo inherente hasta la Adjudicación del mismo, estas no serían recepcionadas para el último día hábil del período fiscal 2010. Y que a pesar de esto no previó que el Llamado se diera a través de una Licitación Plurianual.
Tercera conducta: El 2 de mayo de 2011, Rafael Filizzola omitió solicitar el cumplimiento de la póliza para recuperar el dinero que había obligado en su totalidad en el periodo fiscal 2010, sin la posibilidad de obtener la contraprestación, (en atención a los plazos de entrega de la obras que eran de 60 y 90 días a partir de la firma del contrato, conforme lo estipulaba el Pliego de Bases y Condiciones aprobados por éste).
Fuente: acusación del Ministerio Público