El jefe de Servicios Generales del Ministerio del Interior, Guillermo Bae Kim, declaró que vehículos de la secretaría de Estado, incluido uno blindado, fueron llevados para reparaciones al taller del supuesto narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “Por defender al Estado me procesan”, afirmó Giuzzio. Bae Kim al ser interrogado por la fiscala Verónica Valdez complicó a Giuzzio al decir que vehículos del Ministerio del Interior, incluida una camioneta blindada de marca RAM, se llevaron a reparar al taller de Vinicius, en Ciudad del Este.
La declaración la prestó ante el Tribunal de Sentencia presidido por Adriana Planás e integrado por Yolanda Morel y Ubaldo Matías Garcete.
Esta fue la única testifical que se escuchó hoy. Luego, la sesión fue levantada y continuará el viernes a partir de las 11:00. Ese día, Bae Kim volverá a declarar, pero esta vez será para responder a las preguntas que serán formuladas por la abogada defensora Gilvi Quiñónez.
Al terminar la sesión, Giuzzio dijo que “por defender al Estado me procesan” y se retiró de la sala de juicio oral.
Declaración similar
Una declaración similar se escuchó el pasado 22 de septiembre, con la comparecencia de Victoriano Benítez, exdirector administrativo y financiero del Ministerio del Interior, cuando Giuzzio era ministro durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Benítez relató que el ministerio tenía un vehículo blindado. Preguntado por la Fiscalía dónde se llevaba a reparar el vehículo blindado, el testigo confirmó que fue en el taller de la firma de propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, en Ciudad del Este.
En esta empresa se realizaban las reparaciones, refacciones y blindajes de vehículos. Se conoce como Ombú SA, así como también operaba bajo el grupo Black Eagle Group SA, según las pruebas de la Fiscalía.
El testigo se abstuvo de decir cómo se pagaron las reparaciones. Hasta ahora la Fiscalía sostiene que los trabajos se hacían como “favores” o eran “patrocinados”.
Al final de la audiencia, la fiscala Verónica Valdez informó en aquella ocasión que el testigo “no confirmó cómo se pagó” y agregó que faltan declarar más testigos aún. Inclusive falta agregar el resultado de datos extraídos de los teléfonos de Marcus Vinicius, que ya se cuenta, pero está pendiente la producción de pruebas.
La causa, acusada por la fiscala Verónica Valdez, es por supuesto cohecho pasivo agravado, que tiene como base supuestos beneficios recibidos por el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola, por parte del Estado paraguayo, en retribución de presuntos favores recibidos por Arnaldo Giuzzio.
Giuzzio que también fue ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas sostiene que es víctima de una persecución política por denuncias que realizó contra el expresidente de la República Horacio Cartes.