Procesan a dos personas por extraer arena en el río Tebicuarymí

La fiscal Jadiyi Ortiz procesó a dos imputados por la extracción irregular de arena en Coronel Martínez. La Fiscalía solicitó el retiro inmediato de dragas y la presentación de un plan de restauración.

| Por La Tribuna
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La Comitiva Fiscal verificó el lugar para abrir la investigación.

Dos personas fueron imputadas por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente en el distrito de Coronel Martínez, departamento de Guairá. Según la carpeta abierta por la agente fiscal Jadiyi Ortiz, titular de la Unidad Especializada de Lucha contra Delitos Ambientales de Villarrica, estas personas habrían cometido actividades ilícitas de extracción de arena y alteración del cauce en el río Tebicuarymí.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2024 y septiembre de 2026 en la zona conocida como Hugua Po’i, sobre la margen izquierda del río. En el sitio se ejecutaron trabajos de extracción del lecho, lavado, acopio y movimiento de suelo sin respetar las condiciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental ni el Plan de Gestión Ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Daños al ecosistema e ilícitos imputados

Las intervenciones no autorizadas provocaron la erosión de las barrancas, la alteración directa del cauce hídrico y la destrucción de la vegetación protectora de la ribera.

Ante esta situación, la representación fiscal calificó provisoriamente los hechos bajo las figuras de:

Tala de bosques y vegetación: Afección grave al ecosistema y explotación forestal de bosques protectores, previstos en la Ley N.º 716/96.

Incumplimiento de mitigación: Inobservancia de las medidas de mitigación del impacto ambiental (Ley N.º 716/96).

Perjuicio a reservas naturales: Delito estipulado en el Código Penal paraguayo.

Medidas cautelares y cese de operaciones

La fiscal Ortiz solicitó al Juzgado de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva y el cese inmediato de las actividades contaminantes. Requirió la orden de no innovar, el retiro urgente de dragas, embarcaciones y maquinarias, además de la prohibición de acceso al área afectada.

Asimismo, el Ministerio Público exigió que los imputados presenten un plan de mitigación y restauración ambiental, el cual deberá contar con la aprobación previa del MADES para encarar la recuperación de la zona.

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