El dinero que el banco Atlas fue obligado a depositar en una cuenta judicial es el centro de la disputa patrimonial de la causa 06/2021. La Fiscalía sostiene que corresponde a beneficios obtenidos mediante operaciones vinculadas a fondos de origen ilícito y pidió su comiso especial. El embargo busca asegurar que esos recursos permanezcan disponibles hasta que la Justicia defina su destino.
El expediente que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a operaciones financieras del fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz abrió un segundo frente para el banco Atlas, el patrimonial. Ya no se trata únicamente de determinar la eventual responsabilidad penal de sus directivos, sino también de establecer qué debe ocurrir con los USD 718.570 que el Ministerio Público identifica como beneficio económico atribuido a la entidad.
La cifra fue depositada por el banco Atlas en una cuenta judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La entidad había comunicado inicialmente que realizó el depósito de manera voluntaria y aclaró que esa decisión no implicaba aceptación de cargos, responsabilidades ni reconocimiento de irregularidades. Posteriormente, el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó el depósito dentro de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.
El dato central es que el dinero no está todavía comisado. Se encuentra bajo resguardo judicial mientras avanza el proceso. El Ministerio Público, de hecho, ratificó su pedido para que el embargo preventivo se mantenga hasta la culminación de la causa.
La cifra que busca la Fiscalía
La acusación fiscal presentada contra el presidente de banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color), y otros integrantes del Directorio sostiene que las operaciones investigadas generaron beneficios para la entidad bancaria.
La Fiscalía calculó USD 680.779,09 como beneficio económico generado por la integración del capital en fideicomisos y añadió USD 82.455 correspondientes a beneficios derivados de la administración de esos fideicomisos. El resultado es USD 718.570, monto sobre el cual solicitó el comiso especial.
La diferencia entre embargo y comiso es fundamental. El embargo preventivo tiene una finalidad cautelar, preservar los bienes mientras se desarrolla el proceso. El comiso, en cambio, supone una decisión definitiva sobre la privación del beneficio cuando se acrediten los presupuestos legales correspondientes.
Por eso, los USD 718.570 constituyen hoy una especie de patrimonio congelado, están identificados, depositados y sujetos al resultado de la causa.
¿Qué está en juego?
El pedido fiscal está dirigido contra el beneficio que, según la acusación, habría obtenido la entidad bancaria. La eventual afectación de otros bienes requeriría un fundamento jurídico específico y una vinculación con los hechos investigados.
El escenario podría cambiar si durante el juicio oral se determina que existió efectivamente un beneficio susceptible de comiso. En ese caso, el dinero actualmente depositado podría dejar de ser una suma cautelada y convertirse en un monto definitivamente privado por orden judicial.
Por el contrario, una decisión que no haga lugar al comiso tendría como consecuencia que el dinero no podría ser retenido definitivamente por esa vía.
Una disputa que trasciende los USD 718.000
El monto puede parecer acotado frente al volumen de operaciones de una entidad bancaria. Sin embargo, su importancia dentro de la causa es otra.
La cuestión que deberá resolver la Justicia es si una entidad financiera obtuvo un beneficio económico que, de acuerdo con la tesis fiscal, provino de operaciones relacionadas con fondos de origen ilícito.
El abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, sostuvo que el embargo solicitado busca precisamente asegurar una eventual privación de beneficios patrimoniales derivada de las operaciones investigadas.
La Fiscalía, entretanto, ya dejó planteada su posición, el depósito no elimina la necesidad de la cautela. Tras conocer que el banco Atlas transfirió los USD 718.570 al BNF, los fiscales ratificaron que el embargo debe mantenerse hasta la culminación del proceso.
El juicio definirá el destino del dinero
La causa 06/2021, una vez destrabada en la Corte, dónde falta el voto del ministro Víctor Ríos para resolver una recusación, entrará en una etapa en la que el expediente penal y el patrimonio de la entidad quedan directamente conectados.
Los USD 718.570 ya están fuera de la libre disponibilidad del banco y bajo custodia judicial. Ahora resta determinar si representan simplemente una suma asegurada preventivamente durante el proceso o si, después del debate judicial, serán considerados un beneficio sujeto a comiso especial.
Para los accionistas, el dato relevante es que no existe un comiso automático de sus patrimonios personales por el solo hecho de que se haya embargado dinero de la entidad. Para el banco, en cambio, la controversia plantea una cuestión concreta, qué tratamiento tendrá el beneficio económico que la Fiscalía le atribuye una vez que el Tribunal de Sentencia examine las pruebas.
La respuesta no será contable, será judicial. Y el primer número ya está sobre la mesa: USD 718.570.
Además de Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, están acusados y con pedido de juicio oral los miembros del Directorio Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez y José Páez Corvalán.