La amenaza de un millonario arbitraje internacional de Atome contra Paraguay abre una pregunta que va más allá de la controversia energética actual, ¿cómo se llegó hasta aquí y qué controles realizó el Estado antes de comprometerse con el proyecto?
La respuesta obliga a mirar dos cronologías que ahora convergen.
La primera comienza el 3 de mayo del 2022, cuando la Ande firmó con Atome Paraguay SA un contrato para suministrar hasta 60 MW a la futura planta de hidrógeno y amoníaco verde en Villeta. La propia Ande calificó entonces el acuerdo como el mayor contrato de venta de energía de su historia. El convenio tenía vigencia hasta el 2032.
Pero apenas nueve días después, el 12 de mayo del 2022, siete senadores presentaron un proyecto de resolución para exigir información oficial a la Ande sobre el contrato con Atome. El expediente S-2210838 quedó registrado formalmente en el Senado y posteriormente fue contestado por el Ejecutivo.
Los legisladores cuestionaban, entre otros aspectos, la magnitud de los 60 MW comprometidos y advertían sobre las condiciones tarifarias aplicables a una industria electrointensiva. Es decir, el Congreso ya estaba pidiendo explicaciones sobre la operación antes de que el proyecto adquiriera la dimensión internacional que hoy exhibe.
La segunda estación de esta cronología ocurrió el 28 de diciembre del 2022. Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República cuestionó el contrato Ande-Atome y estimó un eventual perjuicio patrimonial para la energética estatal de USD 117 millones durante su vigencia. El cálculo se sustentaba en una diferencia entre la tarifa aplicada en el contrato y la prevista en el Decreto N° 7.551/17 para industrias electrointensivas.
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles del caso, mientras en el 2026 Atome sostiene que Paraguay alteró las condiciones que daban certeza al proyecto, en el 2022 ya existían cuestionamientos internos sobre las condiciones económicas bajo las cuales el Estado estaba comprometiendo su energía.
Tres años después, el escenario cambió radicalmente.
En mayo del 2026, Atome anunció la decisión final de inversión para Villeta, un proyecto valuado por la compañía en USD 665 millones y respaldado, según la empresa, por compromisos de financiamiento de organismos internacionales y fondos especializados.
Pero en septiembre llegó el giro jurídico. El 17 de septiembre del 2026, Atome notificó al Estado paraguayo una controversia al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Reino Unido y Paraguay. La empresa sostiene que la revocación de decretos presidenciales que respaldaban el proyecto afectó las condiciones de plazo y precio del contrato de suministro eléctrico.
Atome afirma que un eventual reclamo fue evaluado por un experto internacional en daños como “muy sustancial”, situado ampliamente en el rango de los nueve dígitos en dólares. La compañía sostiene incluso que podría convertirse en uno de los mayores reclamos contra Paraguay bajo un tratado bilateral de inversiones. Si no existe una solución en tres meses, anunció su intención de recurrir al CIADI.
El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, formando parte del Grupo del Banco Mundial.
La paradoja es evidente, lo que hoy Atome presenta como una afectación de sus derechos de inversión tiene detrás un contrato que ya había generado interrogantes institucionales en Paraguay desde sus primeros meses.
Y existe otra diferencia que deberá ser examinada con precisión. Una cosa es el monto total de inversión anunciado para Villeta –USD 665 millones– y otra muy distinta es cuánto había efectivamente invertido Atome en Paraguay cuando se produjo el conflicto, qué derechos jurídicamente protegidos había adquirido y cuánto del eventual reclamo correspondería a inversiones realizadas, costos incurridos o ganancias futuras esperadas.