El informe de Lemir sostiene una caída compleja como la hipótesis más factible, explicó ayer a la Tribuna una fuente del Ministerio Público.
A esto se suma otro informe final de los peritos que indican las imágenes de circuito cerrado de la cárcel no fueron manipuladas.
El caso que tuvo su origen el suceso ocurrido el pasado 6 de setiembre, cerca de la medianoche, en la Unidad Penitenciaria La Esperanza es indagado por los fiscales Luis Chamorro y Sanguines.
Los fiscales tomaron declaraciones a Luis Giménez (compañero de celda de Hugo Javier), guardias y la enfermera que lo auxiliaron.
También la fiscalía recibió la declaración de los enfermeros y médicos que atendieron a Hugo Javier en el nosocomio de barrio Obrero y en el Hospital Nacional de Itauguá.
Asimismo, la fiscalía recibió el reporte final de medicina forense a cargo de Pablo Lemir.
Además se recibió el informe final del circuito cerrado de los peritos que da cuenta que no hubo manipulación.
de las cámaras de seguridad de la cárcel. la cual, los medios de comunicación tuvieron la posibilidad de acceder íntegramente, indicó la fuente.
Los peritos explicaron a los encargados de la investigación que el sistema de las cámaras es muy básico y no permite manipulación.
No obstante, las investigaciones continúan y en ese sentido, los fiscales citaron a declarar al abogado Guillermo Gayoso, representante de la hermana de Hugo Javier.
Este abogado declaró a medios de comunicación que el exgobernador dijo a sus familiares que recibió un golpe con guantes de box.
Por ese motivo, igualmente se citó para declaración testifical a la esposa y hermanas de Hugo Javier.
Lea también: Caso Hugo Javier: dos hipótesis, pero una es la que tiene más sustento
La fiscalía también pidió informes al Hospital Nacional de Itauguá sobre las personas que ingresan a terapia para visitar a Hugo Javier, el estado actualizado del paciente y si puede o no prestar declaración de manera consciente y ubicado en el tiempo
Hasta ahora, para los investigadores no hay elementos suficientes para sustentar una agresión que fue la hipótesis que manejaron desde un primer momento.
El exgobernador Hugo Javier González Alegre fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en calidad de autor.
Asimismo, Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de Gabinete y señalado como el “cerebro” e “ideólogo” del esquema delictivo, recibió la misma condena en calidad de instigador. Este último cumple su condena en la cárcel de Emboscada Antigua.
Conforme a la acusación, la administración de Hugo Javier González desvió los fondos asignados a supuestas obras civiles y viales que nunca se ejecutaron, utilizando resoluciones sin respaldo técnico ni financiero.
La Fiscalía demostró que el dinero fue direccionado a una ONG, la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para encubrir el esquema delictivo, y que las rendiciones de cuentas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR) contenían documentos falsos de proveedores inexistentes.
El perjuicio patrimonial a la Gobernación G. es de 5.105.600.000, fondos provenientes de la Emergencia Sanitaria, desembolsados a la Gobernación en 2020 durante la pandemia del COVID-19, conforme a la fiscalía.