Sobre los permisos otorgados por la Corte Suprema de Justicia para capacitaciones, la máxima instancia judicial explicó acerca de la licencia concedida a la relatora Analía Belén Carrillo Servín, quien fue blanco de críticas semanas atrás, porque supuestamente cobraba sin trabajar y que sería pariente del presidente Alberto Martínez Simón:
Según los antecedentes administrativos, la mencionada licencia inicial fue concedida mediante la Resolución N.º 1322, del 23 de julio de 2024, por el Consejo de Superintendencia, por un año a partir del 1 de septiembre de 2024. Posteriormente fue renovada por un año mediante la Resolución N.º 1235, del 15 de julio de 2025.
Un dato relevante es que el ministro Alberto Martínez Simón, actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no suscribió la resolución que concedió originalmente la licencia. Además, al momento de la renovación, ya ni siquiera integraba el Consejo de Superintendencia, explicaron desde la máxima instancia judicial.
También surge de los antecedentes que Analía Carrillo ingresó al Poder Judicial el 15 de septiembre de 2015, inicialmente como contratada en el cargo de Asistente Administrativo, y que desde entonces desarrolló una trayectoria dentro de la institución hasta desempeñarse como relatora. Su ingreso se produjo varios años antes de que existiera el vínculo familiar con el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La licencia no fue creada para Analía Carrillo, no fue concedida discrecionalmente por el Presidente de la Corte y tampoco constituye una excepción dentro del régimen institucional, explicaron desde el máximo tribunal.
Se trata de un mecanismo de capacitación que el Poder Judicial tiene reglamentado desde hace más de 20 años y que ha sido utilizado por numerosos magistrados y funcionarios.
La discusión pública sobre las licencias con goce de sueldo para capacitación puede ser legítima y merece transparencia. Sin embargo, para dimensionar adecuadamente un caso particular resulta necesario observar también el funcionamiento general del régimen, indicaron desde la Corte.
Los números muestran una política de capacitación que se extiende durante años y alcanza a cientos de integrantes del Poder Judicial. El régimen jurídico, por su parte, demuestra que la posibilidad de conceder licencias con goce de sueldo para estudios vinculados con las funciones existe desde 2002 y continúa vigente bajo la Acordada Nº 1679/2022, refiere el informe oficial.