El director de Inteligencia Cristian Porfirio Amarilla Cabaña; Aldo Osmar Pintos Martínez excomandante de las Fuerzas Especiales y Alicia Marlene Vázquez Samaniego son los agentes de la Senad que quedaron presos y procesados.
El magistrado admitió la imputación de los fiscales Ingrid Cubilla, Luis Said, José Martín Morínigo y Cristian Ortiz, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
La imputación formulada comprende, según la participación atribuida individualmente a cada investigado, hechos punibles vinculados a asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, tráfico de influencias, omisión de funcionario encargado de prevenir y otros tipos penales, sin perjuicio de la calificación jurídica que pueda resultar el avance de la investigación.
El caso guarda relación con la investigación al teléfono celular y otros dispositivos del diputado Lalo Gómez, durante el operativo realizado el 19 de agosto de 2024, en la residencia del diputado, Pedro Juan Caballero.
La imputación alude a vínculos con funcionarios y agentes pertenecientes a distintas instituciones, con el propósito de acceder a información de carácter reservado, influir en determinadas actuaciones y favorecer los intereses de personas vinculadas al grupo investigado.
Entre los antecedentes analizados se encuentran datos obtenidos de extracciones forenses de dispositivos electrónicos, comunicaciones, informes institucionales, documentación y otros elementos incorporados durante la investigación, cuyo análisis habría permitido establecer distintos niveles de vinculación entre los investigados y miembros del referido grupo.
Una de las líneas de investigación guarda relación con el operativo Sanctus, ejecutado en diciembre del 2023 en Pedro Juan Caballero, cuyo objetivo era la detención de Ronaldo Mendes Nunes, alias Barba.
El brasileño era buscado por un esquema de tráfico de droga desde la frontera de Paraguay a Brasil. En septiembre del 2023 la Senad realizó un operativo, pero Méndez huyó antes en un vehículo conducido por el propio legislador.
La investigación fiscal analiza una presunta filtración de información sensible relacionada con dicho procedimiento, así como actuaciones posteriores que habrían estado dirigidas a evitar que determinadas vinculaciones fueran incorporadas o permanecieran en informes institucionales.
Asimismo, la investigación comprende otros episodios en los que, según la hipótesis fiscal, se habría recurrido a contactos o posiciones funcionales dentro de distintas instituciones para obtener información o procurar intervenciones favorables a personas relacionadas con la estructura investigada.
“Lalo” Gomes fue abatido el 19 de agosto del pasado año en su residencia de Pedro Juan Caballero, en un operativo de la fiscalía antidrogas y la unidad sensible de la Policía Nacional, en medio de una investigación por lavado de activos.
Se presenta la sobrina de Lalo
Helga Lizany Concepción Solís Gómez, sobrina del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, se dio por detenida en la noche del martes, en la comisaría de Pedro Juan Caballero, tras ser buscada por el Ministerio Público en la mañana de ese día durante el allanamiento en su vivienda en la referida ciudad,
La mujer de 40 años fue trasladada inmediatamente a Asunción, donde ayer fue presentada ante los fiscales de la causa.
Helga Lizany es una funcionaria de la Cámara de Diputados, fue asistente fiscal y es pareja del también imputado Aldo Pintos.
Hay una quinta orden de detención contra el director general Antidrogas Hugo Derlis Baptista, primo de Lalo Gomes quien al momento de dictarse su captura, estaba de vacaciones.
Para la fiscalía, hay evidencias de que todos eran elementos de Lalo, quien no solo habría estado implicado en el tráfico de activos, sino que ejercía el poder fáctico en sectores vinculados al crimen organizado.
Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas cuestionó la imputación y dijo que es producto de un encono que mantiene con la fiscala adjunta de Narcotráfico y Crimen Organizado.
La fricción se remonta al 25 de noviembre pasado cuando la Senad pretendía allanar una propiedad de Luque en donde supuestamente estaba depositada una carga de cien kilos de cocaína, más armas de fuego, del grupo criminal Comando Vermelho.
La fiscala adjunta no autorizó se requiera el pedido de allanamiento por no contar con evidencias para el efecto.
Rachid criticó duramente en aquella ocasión a la fiscala adjunta por ese motivo.
Ahora, el ministro afirma que las imputaciones son un pase de factura hacia él, al desempolvar denuncias hechas por agentes de la Senad, que estuvieron durante la administración de Arnaldo Giuzzio y Zully Rolón.
Se preguntó que si se habla de que se torcían los procesos por qué no hay fiscales imputados.