Bajo patrocinios de los abogados Rocío Fernández Scholl y Daniel Lobo Corbeta, la exfiscal Stella Mary Cano imputada por el supuesto hecho de persecución de inocentes a un ciudadano italiano, opuso en la fecha un recurso de excepción por falta de acción en la mencionada causa, porque supuestamente el Ministerio Público no prosiguió con el caso con la acusación porque la fiscal que presentó el requerimiento conclusivo estaba inhabilitada para hacerlo, según el código procesal penal.
“La presente causa no fue iniciada legalmente y además se encuentra alcanzada por un impedimento legal absoluto para la prosecución”, sostiene el escrito.
Según el recurso, la presente excepción se fundamenta en la ausencia del presupuesto material y procesal suficiente para sostener válidamente la acción penal. Al tiempo de la denuncia no existía desestimación de la causa, al tiempo de la imputación no se acreditó la firmeza de dicha desestimación y la acusación fue formulada por una fiscal recusada, con sustento en una resolución administrativa que no podía habilitarla a presentar el requerimiento conclusivo mediante la aplicación extensiva del artículo 346 del código procesal penal.
En consecuencia corresponde, declarar la falta de acción, la nulidad absoluta de la acusación y el archivo definitivo de la causa.
El 9 de septiembre pasado, la agente fiscal Sonia Sanguinés, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, presentó acusación contra Cano, quien además solicitó que la exfuncionaria del Ministerio Público afronte juicio oral y público por el supuesto hecho de persecución de inocentes.
Sanguinés supuestamente se encontraba recusada por la defensa del a exagente del Ministerio Público, por lo que no pudo haber presentado la acusación correspondiente, por ello para los abogados defensores de Cano, no se presentó la acusación en tiempo y forma.
La agente fiscal de derechos humanos Sonia Sanguinés imputó el 20 de febrero pasado a su colega Stella Mary Cano por persecución a inocentes en la causa “Ciro Panniello s/ estafa y lesión de confianza”.
El hecho ocurrió el 18 de julio del año 2018. Según el relato, el empresario salía de su salón de belleza Diva Divina con su automóvil y fue interceptado por policías que lo llevaron a una comisaría. De ahí le llevaron ante la fiscala Stella Mary Cano. La detención del empresario a raíz de una denuncia radicada por su socia comercial, Lilian Teresa Escobar, por supuesta estafa. Entonces, Stella Mary Cano ordenó su detención. Sin embargo, ahora la fiscala Sanguinés dijo que esa detención es totalmente irregular, porque Cano ni siquiera hizo diligencias previas que justifiquen la medida decretada.
Lilian Teresa Escobar fue la que denunció al empresario estilista. Ahora, sin embargo, el empresario dice que ella quiso asociarse con él y le entregó 120 millones de guaraníes como seña, pero después le devolvió ese dinero con cheque porque no se concretó el negocio. El empresario también relató en la Fiscalía, en su defensa, que la señora Escobar intentó cobrar el cheque fuera del plazo, pero no pudo porque no tenía fondos. La fiscala Sanguinés sostiene que las averiguaciones previas sobre lo que cuenta ahora el empresario no figura en el caso que manejó Cano.
Según la fiscala Sanguinés, Cano no hizo los trámites como debiera como agente fiscal para ordenar la detención de una persona. Es más, ordenó al empresario que ceda parte de sus bienes sin justificación alguna. Sanguinés pidió 6 meses para completar su investigación y presentar la acusación formal ante el juzgado de turno. La imputación recoge también la versión del empresario, que es italiano, y que contó que la fiscala le advirtió que le iba a deportar a su país, pero le indicó que si entregaba parte de sus bienes, y firma, entonces, no habría ningún problema.
Así fue que le obligaron a entregar sus bienes por valor de G. 1.300 millones, más un vehículo Mercedes Benz por valor de USD 30.000. La fiscala Sanguinés encontró que Cano fundamentó que el empresario italiano no tenía arraigo en el país y que esa fue la excusa para decretar su detención.