El Ministerio Público ratificó ayer su imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la supuesta conformación de un esquema fraudulento que habría provocado un daño patrimonial de G. 2.130 millones a las arcas municipales.
La agente fiscal Verónica Valdez presentó sus alegatos iniciales ante el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
El juicio continúa este martes ante el mismo tribunal, ocasión en que la defensa también hará sus presentaciones.
La representación fiscal señala que la administración de Prieto contrató de manera irregular a la firma proveedora conocida como “Tía Chela” para la adquisición de kits de alimentos de gran volumen destinados a familias vulnerables durante la pandemia del 2020.
Agrega que la firma adjudicada no contaba con la infraestructura, capacidad logística ni las condiciones comerciales requeridas para cumplir con provisiones de gran escala. A pesar de estas limitaciones operativas, la Municipalidad pagó por los kits de alimentos con los fondos públicos.
Según la fiscala Verónica Valdez, la contratación de “Tía Chela” formó parte de un montaje administrativo diseñado para desviar recursos de la comuna esteña mediante simulación de compras.
El pliego de bases y condiciones omitió exigir capacidad financiera y capacidad técnica a las empresas proveedoras, tal como establece la ley de contrataciones, según la fiscal. Al contrario, solo exigió que la actividad estuviera vinculada a la comercialización en mercados, supermercados o minimercados y no documentos que respalden su capacidad, explicó.
Agregó que de esa forma “se incumplieron principios de libre competencia e igualdad que rigen en contrataciones públicas”, y se disminuyó la posibilidad de que se presenten otros oferentes y se direccionó la adjudicación a una empresa determinada que sería “Tía Chela”.
El día que la empresa “Tía Chela” fue adjudicada para proveer alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este para que a su vez esta institución distribuya a los beneficiados fue el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia. El 27 de marzo de 2020 las partes suscribieron el contrato Nº 14/20 por G 2.949.650.000.
Prieto ordenó -siempre según la Fiscalía- el desembolso de dinero en dos pagos: el primero por G 1.769.790.000 el 7 de abril de 2020 y el segundo por G 1.179.860.000 el 9 de julio de 2020 a favor de Fermín Ávalos, de la empresa “Tía Chela”. Según la imputación fiscal aquí hubo una contravención del pliego de bases y condiciones que exigía la provisión total previa al pago.
La Fiscalía basó su dictamen en el estudio de trazabilidad realizado por la SET. Según el estudio, “Tía Chela” entregó alimentos solamente por valor de G 819.613.840 y produjo un perjuicio de G 2.130.036.160 a la Municipalidad de Ciudad del Este.