El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado Cristian Sánchez Zaracho fue impuitado por haber ordenado presuntamente la subasta pública de dos inmuebles que cuentan con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso en el marco de la causa penal nro. 9621/2017, “Luiz Carlos Da Rocha y otros s/ Lavado de Activos, Tráfico Ilícito y Delitos Conexos” (Este caso es conocido como Cabeza Branca).
Los agentes fiscales requirieron al Juzgado Penal de Garantías el desafuero del juez imputado y el plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
De acuerdo con la imputación fiscal, en agosto de 2023 la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados había informado al juez que los inmuebles contaban con medidas cautelares vigentes dictadas en esa causa. Pese a ello, el magistrado habría dispuesto la subasta de ambas propiedades.
“Ninguneó” orden de jueza penal
El escrito fiscal señala, además, que informes posteriores de la Dirección General de los Registros Públicos (emitidos en octubre y noviembre de 2023 a pedido del propio juez imputado) confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza penal de garantías Lici María Teresa Sánchez.
Pese a contar con dichos informes, la subasta ordenada por el juez de Capitán Bado se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2023, y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A.
Conforme a la hipótesis fiscal, el 28 de noviembre de 2023 el juez aprobó la subasta y, finalmente, habría ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la firma adjudicada, librando para ello los oficios correspondientes a la Dirección General de los Registros Públicos.
Empero, esta institución se expidió con nota negativa, rechazando la inscripción por encontrarse vigentes las medidas cautelares dictadas en el proceso penal.