Conforme a la imputación de la agente fiscal, titular de la Unidad n.° 4 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), se solicita la apertura de la investigación para el agente Mauro Ruiz Dìaz y su exesposa Karina Vallejos.
A Ruiz Díaz también se le atribuye la presunta producción de documentos no auténticos, por supuestamente haber presentado ante una concesionaria una constancia falsa de ingresos en concepto de bonificación.
Según la hipótesis fiscal, durante el periodo investigado, los imputados, quienes se encontraban casados entre sí, habrían realizado adquisiciones y operaciones patrimoniales con fondos que no guardarían correspondencia con sus ingresos lícitos declarados. La investigación individualizó operaciones por un monto aproximado de G. 2.802 millones, cuyo origen lícito no habría podido ser justificado.
Del monto total investigado, aproximadamente G. 1.617 millones corresponderían a adquisiciones y operaciones realizadas conjuntamente por ambos imputados.
El monto restante estaría relacionado con operaciones atribuidas individualmente a cada uno de ellos.
Crecimiento se dio cuando era director de Inteligencia
Según la imputación, el mayor incremento patrimonial se habría registrado durante el periodo en que uno de los investigados (Ruiz Díaz) se desempeñaba como director de Inteligencia de la SENAD.
Entre las operaciones analizadas se encuentra la adquisición de un vehículo Volvo New XC60 T8, por un valor de USD 85.000. De acuerdo con la investigación, aproximadamente G. 620 millones habrían sido abonados en efectivo con fondos cuyo origen lícito no habría podido ser justificado.
Asimismo, son objeto de investigación dos inmuebles ubicados en Villa Elisa. En uno de los casos, la escritura consignó un precio de G. 170 millones, mientras que, según la investigación fiscal, el valor real de la operación habría ascendido a aproximadamente G. 765 millones.
Por otra parte, fueron identificados depósitos en efectivo por aproximadamente G. 419 millones, además de cancelaciones de obligaciones mediante fondos cuyo origen lícito no habría podido ser determinado. También se individualizó una operación por G. 200 millones, posteriormente convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), así como movimientos financieros relacionados con otros vehículos y bienes.
La causa se encuentra en etapa investigativa. Las calificaciones jurídicas atribuidas por el Ministerio Público tienen carácter provisional y se sustentan en los elementos de convicción reunidos hasta el momento.
Las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas conforme avance la investigación.