La Fiscalía acusó al exintendente de Lambaré Armando Gómez de ordenar la anulación de facturas de pagos de impuestos por diferentes montos, algunos son de 20 millones, otros 30 y en algunos casos llegan hasta 40 millones de guaraníes en un solo día.
En el caso se investiga la participación coordinada de varias oficinas de la comuna local, como las vinculadas a los departamentos como Tesorería, Finanzas y Tecnologías de la Información.
Por esta razón fueron procesados con Armando Gómez: Roberto Paredes, exdirector de Administración y Finanzas; Ricardo Javier Portillo, exjefe de Tesorería; Ricardo Ricciardi, exfuncionario de Gestión Tecnológica, y Édgar Villalba, que era director interino del departamento de Gestión Tecnológica.
El esquema de desvío de fondos municipales habría causado un perjuicio patrimonial de G. 9.317 millones de un total de 6.390 facturas anuladas solamente en el 2019, según la acusación de la Fiscalía.
El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete. La operación irregular se hacía de noche y allí funcionó el equipo integrado por los funcionarios nombrados, según el fiscal Francisco Cabrera, uno de los agentes del Ministerio Público que sostiene la acusación.
La anulación de comprobantes requería del permiso de un usuario, y para ello estaba el equipo conformado, según la hipótesis del fiscal. El operativo realizado por el equipo de Gómez quedó todo registrado en el sistema informático de la Municipalidad, según la investigación.
El esquema montado en la Municipalidad funcionaba de noche. La Fiscalía entendió que seguramente eligieron esa hora para que nadie observe. Sin embargo, los registros de informática fueron clave para la detección del supuesto desvío de fondos.
Cuando un contribuyente hacía el pago de su impuesto, el funcionario municipal que le atendía le entregaba el comprobante legal. Sin embargo, terminada la jornada laboral, los pagos se anulaban en el sistema informático por usuarios que tenían el permiso para dicha operación.
De esta manera, los importes no ingresaban a las arcas de la Municipalidad, siempre según la acusación de la Fiscalía.