Amancio Rivas, uno de los testigos, señaló que más de 6.000 facturas se anularon durante la administración de Gómez. Rivas dio esa versión en su condición de interventor de la municipalidad. Señaló que pudo comprobar que se hicieron las anulaciones.
Además, Rivas indicó que en varios meses no se depositaban en el banco la recaudación municipal, especialmente la de las facturas anuladas. Los depósitos se tendrían que hacer dentro de los tres días hábiles de haberse cobrado.
El Tribunal de Sentencia está integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete. El esquema de desvío de fondos municipales habría causado un perjuicio patrimonial de G. 9.317 millones de un total de 6.390 facturas anuladas solamente en el 2019, según la acusación de la Fiscalía.
Aparte del exintendente Armando Gómez, también están procesados Roberto Paredes, exdirector de Administración y Finanzas; Ricardo Javier Portillo, exjefe de Tesorería; Ricardo Ricciardi, exfuncionario de Gestión Tecnológica, y Édgar Villalba, que era director interino del departamento de Gestión Tecnológica. Todos eran funcionarios de la comuna local.
La anulación irregular se realizó a través del sistema informático, por lo que fue fácil tanto para la intervención de la administración como para la Fiscalía detectar las irregularidades.
La Fiscalía presentó su acusación en julio del 2025 contra Gómez por lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos, hurto y asociación criminal.
Según el documento, se habrían anulado irregularmente un total de 6.390 facturas de impuestos pagados por contribuyentes durante el año 2019. La anulación de los pagos se realizaba principalmente a la noche y de esta manera se evitó que el dinero ingrese formalmente a las arcas de la Municipalidad de Lambaré, resalta la investigación.
El juicio oral se intentó desde diciembre del año pasado, pero no podía realizarse por los incidentes presentados por la defensa.
La operación irregular se hacía de noche y allí funcionó el equipo integrado por los funcionarios nombrados, según el fiscal Francisco Cabrera, uno de los agentes del Ministerio Público que sostiene la acusación. La anulación de comprobantes requería del permiso de un usuario, y para ello estaba el equipo conformado, según la hipótesis del fiscal.
El juicio se desarrolla semanalmente. Las últimas sesiones se realizaron el 3 y el 4 de septiembre del presente año. El juicio sigue la próxima semana con la presentación de testigos y de pruebas documentales, según informó el fiscal Cabrera.
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