La libertad de expresión goza de una protección constitucional especialmente amplia y su ejercicio debe coexistir con otros derechos igualmente reconocidos por el ordenamiento jurídico, refirió la ministra en la nota que concedió al medio de comunicación El Nacional y que reprodujo el portal de la Corte Suprema de Justicia.
La integrante del máximo tribunal señaló que el hecho de que una expresión resulte crítica, incómoda o incluso severa no justifica por sí mismo una restricción a la libertad de expresión y que, ante eventuales abusos, las responsabilidades deben determinarse conforme a la ley, mediante el debido proceso y con todas las garantías.
Destacó la importancia de diferenciar la opinión o la crítica de la afirmación de hechos. En ese contexto, recordó que frente a la difusión de información falsa, distorsionada o ambigua existen mecanismos de rectificación o aclaración, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder conforme a la ley.
Al referirse a la desinformación, la ministra de la Sala Penal sostuvo que esta puede perjudicar la calidad del debate público y dificultar que la ciudadanía comprenda adecuadamente los hechos, forme libremente su opinión y ejerza efectivamente sus derechos. En ese sentido, enfatizó sobre el papel fundamental de los medios de comunicación como fuentes de información y actores del escrutinio de los poderes públicos.
Enfrentar desinformación no debe significar censura
Carolina Llanes sostuvo que enfrentar la desinformación no debe significar censurar, controlar contenidos ni restringir la libertad de expresión o de prensa. A su criterio, las instituciones públicas deben fortalecer la transparencia y desarrollar capacidades de monitoreo, verificación, análisis y contextualización del entorno informativo, a fin de ofrecer datos confiables y oportunos, facilitar el acceso a las fuentes y aclarar hechos cuando corresponda.
“No toda crítica, opinión adversa, enfoque periodístico o error constituye desinformación” y aseveró que la respuesta frente a este fenómeno debe centrarse en mayor transparencia, acceso a fuentes confiables y mejor información pública.
La ministra explicó además que su reflexión responde a una preocupación que viene planteando desde hace tiempo, vinculada tanto al tratamiento de determinados asuntos relacionados con la administración de justicia como a los desafíos propios del nuevo ecosistema informativo, caracterizado por la velocidad de circulación, la fragmentación de los contenidos y la multiplicación de fuentes y plataformas.
Escrutinio de la prensa es legítimo
Carolina Llanes indicó que informaciones parciales, inexactas o carentes del contexto necesario pueden contribuir a generar percepciones equivocadas o distorsionar el debate público sobre asuntos sometidos a decisión judicial. Al mismo tiempo, subrayó que el escrutinio de la prensa, la investigación periodística y la crítica a la actuación de los jueces son plenamente legítimos y forman parte de una sociedad democrática.
La ministra reafirmó que la independencia judicial exige que ningún magistrado sea condicionado por intereses o presiones externas y que las decisiones jurisdiccionales deben adoptarse conforme a la Constitución, la ley y los elementos propios de cada causa.