El director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, confirmó que la Penitenciaría Regional de Minga Guazú atraviesa un proceso complejo de adaptación estructural tras los continuos hallazgos de objetos prohibidos y celulares en los pabellones.
A pesar de contar con tecnología de inspección electrónica, la institución opera con severas limitaciones de personal especializado para vigilar los accesos en el departamento de Alto Paraná, según explicó en Espresso Informativo por La Tribu 650 AM.
Las falencias en la custodia del recinto derivaron en fugas de personas privadas de libertad tanto del sector convencional como del área de máxima seguridad. Ante esta situación, las autoridades recurrieron a la contratación de militares retirados y al envío de agentes penitenciarios antiguos desde otros penales para intentar contener los esquemas de corrupción interna.
Falta de fondos impide contratar personal calificado para el monitoreo
La escasez de técnicos capacitados responde a la ausencia de presupuesto en el Ministerio de Justicia (MJ) para competir con los salarios del sector privado. Al ser consultado sobre el déficit en el centro de monitoreo, el funcionario admitió que “deberíamos tener en nuestro centro de monitoreo 19 personas especialistas en esto y hoy día tenemos apenas cuatro”.
Respecto a las falencias en la infraestructura habilitada a mediados de 2024, el titular penitenciario remarcó que “el proceso no es un proceso bien planificado donde se tienen en cuenta todas estas cosas”, señalando que la construcción dependió de la administración anterior y el equipamiento de otra entidad estatal. Esta falta de coordinación dificulta mantener la infraestructura penitenciariaen niveles óptimos.
Propuestas técnicas aguardan respuestas del estamento político
Entre los proyectos elaborados para revertir la crisis en las cárceles, la dirección técnica propuso la compra de inhibidores de señal celular y la creación de un grupo táctico especial en penales. Ambas iniciativas cuentan con costos y planes definidos desde hace dos años, pero su ejecución continúa frenada en las esferas de decisión política.
El director Rubén Peña sostuvo que la persistencia de la corrupción entre los guardias y la ausencia de presupuesto tecnológico seguirán afectando los controles de la Penitenciaría Regional de Minga Guazú.