Continúa el proceso penal contra Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) investigado por el supuesto desfalco de 61 mil millones de guaraníes, en gran parte producido durante su administración. Bataglia apeló la admisión de la imputación en su contra y esto produjo la separación de dos magistrados de segunda instancia.
Los miembros del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla Arnica declararon su incompetencia para entender el caso, porque el mismo expediente ya pasó por sus manos. A esta decisión se adhirió la tercera magistrada integrante, Claudia Criscioni.
Ellos debían resolver si la admisión de la imputación resuelta por el juez es válida o no. Los magistrados inhibidos pasaron el expediente a sus colegas que fueron sorteados, entre ellos Camilo Torres y Paublino Escobar.
La imputación contra Vicente Bataglia es por supuesta lesión de confianza, porque supuestamente hubo corrupción que estaría relacionada con la compra de quirófanos y otras adquisiciones millonarias que al final no fueron encontradas por la nueva administración a cargo del doctor Isaías Fretes.
Los magistrados Torres y Escobar no impugnaron su designación, pero fundamentaron que tampoco podían ahora expedirse sobre el caso porque existen otros recursos pendientes en el expediente que deberán ser resueltos con anterioridad. Trascendió que hay pedidos de nulidad del proceso penal que primeramente deben ser resueltos. Con Bataglia hay varios otros procesados en el mismo expediente.
“Mal podrían dos magistrados inhibidos estar analizando la pertinencia o no de una imputación, cuando han perdido competencia para entender en la misma, y no se trataría de una medida cautelar privativa de libertad, como establece la acordada que es de carácter urgente”, señala una parte de los fundamentos del Tribunal de Apelación.
Agrega que al no encontrarse impugnación alguna presentada por los magistrados sorteados, este Tribunal de Alzada no tiene la competencia pertinente para resolver la cuestión de fondo, “por ende, ordénese en consecuencia, la remisión de estos autos para la resolución del presente recurso a los magistrados competentes”, señalaron los magistrados inhibidos.
El 4 de agosto, el fiscal Julio Ortiz imputó a Bataglia por lesión de confianza. Otros nueve funcionarios de IPS también están imputados con él por el mismo caso. La investigación penal se realiza por el perjuicio patrimonial a la administración del IPS estimado en G. 61.000 millones, vinculado a las fallidas obras de quirófanos modulares en el Hospital Central de la previsional.
Según la imputación, mediante la suscripción de adendas, los imputados habrían otorgado plazos y actas de recepción, a los efectos de que la firma Neighpart SA siguiera cobrando, a sabiendas de que la ejecución del contrato no podría llevarse a cabo debido a la falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura edilicia.
Del monto del perjuicio, 53 mil millones de guaraníes corresponderían a la administración de Vicente Bataglia, por lo cual figura él como el mayor responsable del supuesto desfalco, según la Fiscalía.
Bataglia se presentó ante el Ministerio Público el 12 de agosto. El 20 de agosto participó en la audiencia de imposición de medidas a cargo del juez Rodrigo Estigarribia. Este juez ordenó allí el arresto domiciliario del procesado, con monitoreo, a través de tobillera electrónica.