Los representantes de los jubilados se reunieron con Rolón Fernández y entregaron una nota en la que expresaron su respaldo a las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público sobre supuestos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Los jubilados además plantearon la necesidad de que las pesquisas alcancen también a consejeros del ente previsional, conforme surjan elementos que así lo ameriten.
Durante el encuentro, el fiscal general garantizó la aplicación de las reglas propias del Estado social de derecho y enfatizó que, en materia penal, “no existen excluibles”, al señalar que los agentes fiscales intervinientes actuarán conforme a lo que indiquen las evidencias obtenidas en el marco de las investigaciones.La nota fue entregada por Gustavo Canatta, Nery Quintana, Julio López y Cristhian Talavera, quienes, además de manifestar su apoyo a la labor investigativa del Ministerio Público, solicitaron una investigación eficiente y la ampliación de las pesquisas a los consejeros del IPS.En el documento, los representantes de los jubilados expresaron además sus expectativas ante las imputaciones formuladas contra expresidentes del IPS y otras personas en el marco de la investigación relacionada con la fallida inversión de recursos del ente previsional.
Los procesados en esta causa
Nueve son los procesados por el hecho punible del lesión de confianza, Así dispuso el juez Rodrigo Estigarribia, tras la imputación formulada por el fiscal Julio Ortiz.
La lista es encabezada por los exxpresidentes de IPS Vicente Mario Bataglia y Jorge Magno Brítez.
Incluye ademàs a Hugo Enrique Aranda Noguera (exgerente de Logística y Abastecimiento), Jaime Caballero Ruiz Díaz (exgerente de Logística), José Raúl Coronel (exdirector de Mantenimiento), Verónica Alexandra Blanco (exdirectora de Mantenimiento), Juan Manuel Villar (exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones - UOC), Marcelo Bordón Leiva (exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones - UOC) y Rosa Concepción Colmán (exasesora jurídica de la institución).
A excepción de Bataglia que está bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónico, los otro ocho se encuentran bajo la medida cautelar de libertad ambulatoria.
Lo que dice la imputación
El fiscal Julio Ortiz en su requerimiento hace notar que surgieron presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda n.° 4 al Contrato n.° 6/2020, la cual se encontraba condicionada a la resolución de la Adenda n.° 3, que presentaba observaciones no subsanadas relacionadas con modificaciones de plazo, lugar, condiciones de prestación y de pago, en presunta contravención de lo establecido en el artículo 63 de la Ley n.° 2051/03, que regula el Sistema de Contrataciones del Sector Público.
“En el marco de la investigación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyó que, durante la ejecución del Contrato n.° 6/2020 y tras el análisis de los antecedentes del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE n.° 143/2019 para el reacondicionamiento, con suministro e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS, adjudicado a la firma Neighpart S.A. por un monto de G. 53.000.000.000, se habrían verificado inobservancias en la emisión de adendas que infringían lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley n.° 2051/03, mediante las cuales se habrían otorgado prórrogas y autorizado pagos sin la debida justificación”, indica la imputación.
Posteriormente, el Instituto de Previsión Social remitió al Ministerio Público una copia de la Auditoría Interna realizada con el objetivo de determinar la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en el proceso licitatorio y deslindar responsabilidades.
“A partir del análisis de la documentación remitida tanto por la DNCP como por el IPS, el Ministerio Público concluyó que, mediante la suscripción de las adendas, los funcionarios procesados, quienes ejercían funciones de administración, control, dirección y disposición respecto del patrimonio institucional durante la ejecución del Contrato n.° 6/2020, habrían otorgado prórrogas y suscripto actas de recepción que permitieron a la firma Neighpart S.A. continuar percibiendo pagos, pese a conocer que la ejecución del contrato no podía concretarse debido a la falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura edilicia donde debían instalarse los quirófanos modulares”, indica el requerimiento fiscal.
Asimismo, conforme a la Auditoría Interna del IPS, los funcionarios imputados, al no gestionar oportunamente la suspensión del contrato ante la inminente imposibilidad de su ejecución por la falta de liberación del área donde debían realizarse los trabajos, continuaron suscribiendo adendas y actas de recepción.-
Eso, según la fiscalía, posibilitó pagos presuntamente injustificados a favor de la firma Neighpart S.A., lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Instituto de Previsión Social de aproximadamente G. 61.000.000.000.