Mientras que el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo, integrado por Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme condenó en la madrugada de ayer a cinco personas como los supuestos cómplices del crimen de María Fernanda Benítez, hecho ocurrido en mayo del 2025 en la referida ciudad, hoy prosigue el juicio oral y público, a puertas cerradas del adolescente, el principal acusado por feminicidio y aborto.
Según el fiscal Fermín Segovia, quien supo demostrar en juicio la participación de Mikhaela Chiara Rolón Melgarejo, Ricardo León Villamayor, Franco Antonio Acosta y los padres del adolescente, explicó que para la fecha se tiene prevista la declaración del director de Medicina Legal, doctor Pablo Lemir, la forense Carolina Bernal, además del subjefe del departamento de Homicidios de Coronel Oviedo, comisario David Delgado y una oficial que recibió la falsa denuncia de los padres del acusado sobre la supuesta desaparición de su hijo. Por último estaría declarando una psicóloga forense.
Según mencionó el agente del Ministerio Público, con estas declaraciones ya se estaría cerrando la etapa de testimoniales para pasar posteriormente a la etapa de pruebas documentales. El Tribunal de Sentencia de este juicio está integrado por Raúl Marecos, Vidal Santa Cruz y Roberto Estigarribia.
Los antecedentes del caso señalan que la víctima de 17 años presuntamente fue ultimada el martes 27 de mayo de 2025, en el domicilio del principal acusado, quien se habría molestado debido a que la adolescente quedó embarazada. El joven habría actuado solo, pero luego de cometer el ilícito, comentó la situación a sus padres, quienes trataron de ocultar el hecho.
Las condenas
Mikhaela Chiara Rolón Melgarejo, amiga del adolescente sindicado como autor, fue condenada a 10 años de prisión por instigación a cometer feminicidio.
Ricardo León Villamayor, padre de la novia oficial del autor del hecho quien intentó hacer desaparecer evidencias del hecho fue condenado a tres años por frustración de la persecución penal. Votó en disidencia el juez Vera.
Franco Antonio Acosta, propietario de una farmacia y quien habría proveído información sobre medicamentos abortivos recibió una condena de cinco años de cárcel. por aborto en grado de tentativa y frustración de la persecución penal. Mientras para los padres del adolescente, 4 años y seis meses de cárcel por simulación de hecho punible y exposición al peligro en el tránsito terrestre.