A propuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, el pleno de esta instancia aprobó pedir nuevamente al Congreso Nacional que apure el tratamiento y aprobación del proyecto de ley antichicanas judiciales.
En la sesión de la Corte de ayer, su presidente explicó que el proyecto ya está en el Congreso y que se modificó. Informó que ya presentó al Congreso el documento con algunas aclaraciones, en el sentido de que los abogados seguirán teniendo la garantía de poder presentar incidentes.
Los incidentes son mecanismos de defensa, explicó Martínez Simón. Por eso, no podemos privar a los abogados de estas posibilidades que tienen en los procesos penales. No obstante, aclaró que la Corte propone a los legisladores que establezcan que cuando aparezcan los incidentes que estos no cuenten a la hora de contar los plazos.
“No le privemos a las partes de recusar sin límites, pero incluyamos que todo proceso de inhibición, recusación, de acciones de inconstitucionalidad, excepción de inconstitucionalidad, pare todo plazo y duración máxima del proceso”, indicó el alto magistrado.
Agregó que lo que se quiere evitar es que termine el proceso penal sin una sentencia o que solo a través de incidentes el caso termine en el archivo. Por eso, propuso que la ley ordene que cuando, por ejemplo, los procesados recusan a un juez, que este incidente sea descontado a la hora de evaluar la duración del proceso penal.
Si el Congreso Nacional aprueba la iniciativa legislativa, la nueva ley podría contribuir a reducir las denominadas chicanas procesales, sin eliminar el derecho de las partes a ejercer los mecanismos de defensa previstos en la legislación, insistió Martínez Simón.
Caso Filizzola, un ejemplo
Uno de los procesos penales que está por morir por el camino mediante chicanas judiciales es el conocido como caso “comisarías”, donde está involucrado el senador Rafael Filizzola. El proceso penal lleva 13 años y hubo continuamente recusación de jueces. Hasta llegó a existir inhibición de magistrados.
La fiscala Silvia González pretende desde mayo del 2025 que un tribunal de apelaciones estudie el recurso presentado contra la prescripción del caso “comisarías”, en el que el acusado es Rafael Filizzola, exministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo. Pero esta es la hora que no se puede conformar porque la sala que debe estudiar el recurso de apelación del Ministerio Público le falta un miembro.
Los camaristas Paublino Escobar y Jesús Riera están habilitados para estudiar el recurso, pero el tercer camarista asignado, Camilo Torres, se inhibió por amistad con Filizzola. Esa inhibición fue impugnada por la camarista Adriana Giagni, quien debía integrar la Cámara, en reemplazo de Torres.
La mencionada fiscala estuvo advirtiendo justamente que el archivo de un caso por el transcurso del tiempo, sin sentencia, es lo que se debe debatir en instancia superior y evitarlo.