La idoneidad no se identifica precisamente con el título universitario, señala un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, aclaró la situación de la señora María Verónica Lina Sienra Bertón, directora general de la oficina de Garantías Constitucionales.
El documento precisa que el cargo en dicha dirección es de confianza y, además, no requiere de su titular ningún título universitario. Es un cargo administrativo y no se expide jurisdiccionalmente sobre ningún tema, señala el documento.
De esta manera, la señora Sienra Bertón fue designada sin tener título universitario. Además, otro dato que el dictamen señala es que ella está en su cargo hace tres décadas y que su cargo es de confianza. Para ninguna de estas funciones la ley exige taxativamente que la persona debe contar con título universitario, señala el documento.
Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998 en dicha dirección en el cargo de jefe (contratada). Luego el 24 de febrero del 2000 fue nombrada para el mismo cargo. Su esposo no era ministro de la Corte. El 29 de enero del 2002 fue designada jefe supervisor y desde el 2008 estuvo como jefe de Sección I, siempre en la misma Dirección. El 31 de enero del 2012 fue nombrada directora general de esta dependencia.
Si bien en el 2012 el ministro Benítez Riera ya era ministro de la Corte, el ingreso de su esposa fue porque se valoró a una persona que hizo carrera en dicha Dirección y tenía una antigüedad de 13 años, pasando por los cargos señalados. Por lo tanto, tenía la idoneidad para ocupar el cargo administrativo, según el dictamen.
Sobre nuera de Martínez Simón: otro dictamen del mismo director de asuntos jurídicos se refiere a la funcionaria Analía Belén Carrillo Servín, nuera del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. La funcionaria fue beneficiada con permiso para becas.
“La licencia especial con goce de sueldo para estudios o capacitación no es un beneficio creado para una persona determinada ni reservado a personas allegadas a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, sino un instituto general previsto anteriormente ya en la Acordada N° 252/2002 y actualmente regulado por el artículo 62 de la Acordada N° 1679/2022”, dice el documento.
Agrega que a esta licencia o permiso con goce de sueldo pueden acceder todos los funcionarios con al menos dos años de antigüedad, cuando la capacitación esté directamente vinculada a la función que desempeñan, por un máximo de dos años, y con obligaciones posteriores concretas: a) reincorporarse al término de la licencia, b) permanecer en la institución por el doble del tiempo concedido y, c) en caso contrario, reintegrar los emolumentos percibidos.
Al mismo tiempo, es importante señalar que estas licencias o permisos con goce de sueldo son concedidas exclusivamente por el Consejo de Superintendencia, órgano colegiado de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no corresponde atribuir su otorgamiento al presidente ni a ningún ministro de forma individual.
Los dos dictámenes mencionados fueron elevados al presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón.