La representante de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) fijó postura institucional sobre los debates de imputabilidad penal juvenil. Las discusiones surgieron tras el trágico desenlace del caso María Fernanda Benítez.
La revisión de las sanciones judiciales a menores de edad requiere una mirada libre de apasionamientos emocionales. Las políticas públicas deben priorizar la contención comunitaria, según explicaron durante la entrevista concedida al programa El programa ese por La Tribu 650 AM.
Ineficacia de las medidas punitivas frente a las elevadas cifras de reincidencia
La ampliación de los años de reclusión en adolescentes no genera reducciones sostenibles en los índices de delincuencia registrados a nivel continental.
Las dependencias asistenciales ligadas a la CDIA insisten en frenar la saturación de los recintos carcelarios.
“Los estudios regionales demuestran que aumentar las penas a los adolescentes no evita que los hechos graves vuelvan a repetirse ni garantiza la posterior reinserción social pacífica”, afirmó la vocera.
Saturación del sistema penitenciario y déficit de programas de reinserción
Las deficiencias estructurales en los centros de reclusión impiden el desarrollo de programas efectivos de rehabilitación para jóvenes infractores. Las garantías procesales coordinadas con el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) deben complementarse con contención familiar.
“El sistema penitenciario actual se encuentra abarrotado y demuestra que la sola privación de libertad no resuelve el problema de fondo ni reinserta adecuadamente a los condenados”, sostuvo la profesional.
Abordaje integral multicausal y fortalecimiento de la salud mental preventiva
El surgimiento de entornos de violencia en la juventud responde a factores asociados a la desigualdad económica y la desatención emocional. La labor preventiva de la CDIA reclama presupuesto para la contratación de gabinetes psicopedagógicos en las instituciones educativas estatales.
“Faltan políticas de salud mental y gabinetes psicológicos en las escuelas públicas que acompañen el desarrollo emocional y prevengan conductas violentas antes de que ocurran”, remarcó la especialista.
Educación integral como herramienta de protección y rol regulador del Estado
La prevención efectiva requiere romper tabúes sociales mediante la implementación de contenidos educativos orientados al respeto de los derechos fundamentales. La labor técnica de la CDIA exige articular acciones preventivas junto con el Ministerio de la Defensa Pública.
“Necesitamos una educación integral que enseñe a prevenir abusos y erradique la violencia basada en el género mediante la presencia activa del Estado en la comunidad”, concluyó Cynthia Florentín, al instar a construir respuestas estructurales.