La fiscala Silvia González pretende desde mayo de 2025 que un tribunal de Apelaciones estudie el recurso presentado contra la prescripción del caso comisarías, en el que el acusado es el senador Rafael Filizzola, exministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo.
Pero esta es la hora que no se puede conformar porque la sala que debe estudiar el recurso de apelación del Ministerio Público le falta un miembro.
Los camaristas Paulino Escobar y Jesús Riera están habilitados para estudiar el recurso pero el tercer camarista asignado, Camilo Torres se inhibió por amistad con Filizzola.
Esa inhibición fue impugnada por la camarista Adriana Giagni, quien debía integrar la Cámara, en reemplazo de Torres.
Esto debe resolver la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero es el momento en que no lo hace.
“Notando el conflicto de competencia generado entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuyo decisorio se encuentra pendiente ante la máxima Sala Penal, esta representación fiscal viene a solicitar respetuosamente se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, indica el escrito de urgimiento presentado por la fiscala Silvia González Vester.
La fiscala advierte que justamente el transcurso del tiempo de un proceso es lo que se debe debatir en instancia superior, pero esta es la hora que no se puede lograr esa discusión.
“Cabe hacer notar que el recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el AI número 371 , por lo que la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, en tanto al transcurso del tiempo se encuentra directamente vinculado con la cuestión que precisamente constituye materia de controversia”, refiere el urgimiento.
La fiscala expresa su preocupación por las excesivas dilaciones: “En ese sentido resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”
Según Fiscalía, Filizzola debe ser juzgado por el delito de lesión de confianza, por un perjuicio patrimonial de G. 1.131.812.500 en obras para las 24 comisarías de Asunción.
El primer urgimiento de la Fiscalía a la Corte Suprema fue presentado el 25 de mayo de 2026, un año después de que el juez Yoan Paul López declare la prescripción. La fiscalía había apelado el 13 de mayo de 2025, pero a un año, la Cámara de Apelaciones no se integraba por recusaciones de la defensa, lo que impedía que se estudie la apelación fiscal.
Este urgimiento tuvo resultado recién 11 de Junio pasado cuando la Corte resolvió que el Tribunal de Apelación Primera Sala, integrado por los magistrados Paublino Escobar, Camilo Torres y Jesús Riera, debía estudiar el pedido de la Fiscalía de anular la prescripción del “caso comisarías”.
Pero luego se planteó el conflicto de competencia y el expediente retornó a la Sala Penal.
El segundo urgimiento de la fiscalía fue presentado el pasado 17 de Julio con la intención de la Corte resuelva el conflicto de competencia que impide se conforme la Cámara que debe estudiar la apelación, pero esto no sucedió.
El pasado 19 de agosto se presentó el tercer urgimiento, en el que Fiscalía insistió en que se resuelva el conflicto de competencia y que se conforme la sala para estudiar la apelación contra el fallo de primera instancia.
Seis puntos clave
1- El senador del Partido Democrático Progresista Rafael Filizzola fundamenta que la causa comisarías está prescripta porque así lo declararon dos jueces. Calificó de chicanera a la Fiscalía y señala que hay una persecución política en su contra.
2- El exiministro basa su argumento en que el 4 de febrero de 2022, la jueza Alicia Sapriza declaró prescripta la causa del caso comisarías.
El legislador refuerza el que el 6 de mayo de 2025, el juez Yoan Paul López volvió a declarar prescripta la causa.
3- Pero la resolución de la jueza Alicia Pedrozo fue revocada por los camaristas José Aguistín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos, el 13 de Julio de 2022..
En el caso de la resolución del juez López, es la que hasta ahora no se pudo estudiar.
4- El 9 de diciembre de 2013, a consecuencia de una denuncia formulada por Francisco De Vargas, entonces ministro del Interior del gobierno de Horacio Cartes, el fiscal Aldo Cantero imputó por lesión de confianza a Rafael Filizzola.
5- La fiscalía a través de la entonces fiscala Josefina Aghemo presentó la acusación formal en el “caso comisarías” el 9 de diciembre de 2014.
6- La acusación atribuye al exministro del Interior, Rafael Filizzola, y a su entonces director financiero, Aníbal Fernández, un perjuicio patrimonial de G. 1.131.812.500 al Estado paraguayo mediante la adjudicación irregular de obras inconclusas o no ejecutadas en 24 comisarías de Asunción a favor de la firma Todo Verde Emprendimientos.