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Existe una fuerte batalla judicial por la provisión y comercialización de la pastilla de moda: tirzepatida, el medicamento para adelgazar. La dura batalla judicial se libra tanto en el fuero civil como en el fuero penal. Hay una orden judicial para que Indufar cumpla con la provisión de medicamentos a la firma Bem Star Clínica Estética SA, vinculada al empresario estadounidense, y hay imputación fiscal cuya admisión fue confirmada en segunda instancia del fuero penal.
El empresario Darío Antonio Silva denunció a Laboratorios Indufar porque supuestamente la firma paraguaya no cumplió el contrato mediante el cual tenía que proveerles de mercaderías.
Silva sostuvo que aportó la inversión inicial, la cartera de clientes y la fórmula para introducir la tirzepatida al mercado paraguayo con la firma Bem Estar Clínica Estética. Explicó que Indufar debió proveerles la mercadería para su distribución. Sin embargo, indicó que este laboratorio dejó de proveerle stock cuando las ventas crecieron y que comercializó el producto por su cuenta.
En el ámbito civil, la jueza de primera instancia, Victoriana Cáceres, ordenó el mes pasado que Indufar deberá entregar la Tirzepatida 15 mg en presentación de caja chica o, en su defecto, en la versión de cuatro viales de 0,5 ml con holograma actualizado, además de la presentación en lapicera (pen) recargable. El suministro mensual no podrá ser inferior a 150.000 cajas.
La magistrada aclaró que la medida es cautelar y que la misma estará vigente mientras dure el proceso arbitral que ambas compañías enfrentan. Indufar sostiene que el caso debió dirimir exclusivamente mediante este procedimiento privado, mientras que la firma vinculada a Darío Antonio Silva ya lo llevó a la justicia, tanto en los fueros civil y penal.
Silva denunció a Indufar por un supuesto desvío y apropiación de un negocio tasado en unos USD 4 millones sobre la distribución del fármaco tirzepatida. Dijo por la prensa que acudió a la embajada de EE. UU. a denunciar el hecho y también a la Fiscalía.
A raíz de la denuncia penal, la fiscal Natalia Elizabeth Montanía Sartorio imputó a cuatro directivos y ejecutivos de Indufar por supuesta estafa, lesión de confianza y asociación criminal. Los imputados son los directores Óscar Humberto Simón Palmerola y Cynthia Monserrat Ríos Villagra, y los ejecutivos Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes.
El juez de Garantías de Ciudad del Este Nelio Prieto admitió la imputación y estableció un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para que presente sus conclusiones. Indufar apeló. El Tribunal de Apelación confirmó la admisión de la imputación.
La reacción de Indufar fue denunciar a los magistrados, incluyendo a la agente fiscal, ante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Indufar sostiene que la fiscala, la jueza de primera instancia y los magistrados camaristas no tuvieron en cuenta que el contrato establece que cualquier conflicto debe ser dirimido solamente a través del arbitraje comercial.
Los denunciados fueron la fiscal Natalia Montanía; la jueza Victoriana Cáceres, los camaristas Nilda Estela Cáceres, Raúl Antonio Insaurralde y Efraín Giménez Vázquez. La batalla judicial se libra en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este y la denuncia ante el JEM en Asunción. Actualmente se aguardan las conclusiones de la Fiscalía.