El inicio del juicio oral y público a la exjueza de paz de la Catedral Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino procesada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso estaba previsto para las 8 horas.
Pero el abogado Ricardo Preda se presentó como nuevo defensor de otro procesado José Olmedo Lansac, representante de la empresa de cobranza Carsa, requirió copias del expediente y pidió la suspensión del juicio
El tribunal de sentencia presidido por Ubaldo Matías Garcete e integrado por Adriana Planás y Sonia Sànchez concedió el pedido de Preda y tras enumerar que tiene en desarrollo otros 14 procesos, entre ellos el del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, postergó la causa para el 8 de febrero a las 8 horas.
Los otros procesados en esta causa son
Olivia Asunción Mosqueda Núñez, exactuaria del juzgado de La Catedral, los abogados César Rubén Bogarín Alen y Sun Yung Bang, ademàs de los oficiales de justicia Óscar Fernando Rivela Gregor y Cristian Daniel Martínez.
Según la acusación formulada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, los implicados formaban una estructura criminal dedicada a torcer el derecho, falsificar actuaciones judiciales y concretar embargos masivos ilegales de salarios, con lo que perjudicaron a miles de ciudadanos.
El prevaricato supuestamente se cometió con la emisión de 151 resoluciones ilegales, como inicio de juicios ejecutivos injustificados y sentencias definitivas irregulares.
Además, según el requerimiento, la ex magistrada firmó resoluciones omitiendo deliberadamente ponerles fecha y número en 27 juicios específicos.
También acusaron a la exjueza (como instigadora) y a sus actuarios y ujieres de producir y utilizar actas judiciales de contenido falso, al generar notificaciones en domicilios inexistentes o falsificados para que los demandados nunca se enteraran del proceso. Otro punto señalado por la fiscalía es que ejecutaban pagarés vencidos o cancelados. La red operaba en connivencia con abogados de empresas de cobranza.
Una de las modalidades es que utilizaban copias autenticadas de pagarés que ya habían sido completamente pagados o deudas finiquitadas para iniciar demandas ejecutivas fraudulentas.
La abogada Nathalia Garcete fue destituida de sus funciones de magistrada el 20 de noviembre de 2025. La resolución la tomaron en forma unánime, los ocho miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que previamente llevaron adelante un proceso a la exjueza.
Las denuncias de los casos de mafia de los pagarés comenzaron a realizarse en octubre de 2024. El 10 de febrero de 2025, el Ministerio Público realizó intervenciones simultáneas a juzgados de Paz de Asunción, entre ellos La Catedral.
El operativo derivó en el proceso a unas 60 perslonas, entre exjueces de paz, actuarios, ujieres y abogados en el ejercicio de la profesión.
Unas 60 personas fueron incluidas en el proceso penal conocido como “mafia de los pagarés”.