Ingreso clandestino al país le valió a Bataglia el arresto domiciliario

El expresidente de IPS Vicente Bataglia no pudo lograr su libertad plena en el caso de desfalco de 61.000 millones de guaraníes en IPS, como lograron otros ocho imputados. La Justicia ordenó prisión en su casa por duda sobre su sometimiento al proceso.

| Por La Tribuna
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Vicente Bataglia (con quepis) se presentó al juzgado con sus dos abogados.

El juez penal de Garantías, Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia ordenó el arresto domiciliario con tobillera electrónica para Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), procesado por lesión de confianza, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la previsional.

Bataglia se presentó ayer ante el citado juez con sus dos abogados, Arturo Daniel y la exfiscala, María Victoría Acuña en la audiencia de imposición de medidas. Bataglia es el único imputado que quedó bajo arresto domiciliario a diferencia de otros ocho procesados, quienes tuvieron medidas menos gravosas en el caso. de supuesto desfalco en IPS.

El magistrado dijo que Bataglia viajó a Italia el pasado 23 de julio y se presentó el 12 de agosto con su abogado Arturo Daniel ante el fiscal Julio Ortiz. Sin embargo el 18 de agosto registró una salida a Argentina y luego de tres horas, una entrada, agregó.

Sobre el arresto domiciliario, el juez fundamentó que ordenó dicha medida porque el imputado ingresó de manera irregular al país tras regresar de Italia, algo que “no puede hacer pasar por alto”.

A parte de Vicente Bataglia, en la causa se encuentran imputados Jorge Magno Brítez (otro expresidente de IPS) además de Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel, Juan Manuel Villar, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco. Según la investigación fiscal, la responsabilidad cae sobre Bataglia.

La Fiscalía sostiene que los procesados realizaron pagos anticipados y aprobaron adendas vinculadas al contrato para un quirófano modular antes de que estuviera liberada la zona de obras del Hospital Central.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la actual administración del IPS y se centra en los pagos realizados mediante sucesivas adendas que, según la Fiscalía, elevaron el perjuicio patrimonial atribuido a la previsional hasta G. 61.000 millones.

De acuerdo con la imputación, G. 53.000 millones del perjuicio corresponderían a decisiones adoptadas durante la administración de Bataglia. La hipótesis fiscal añade que, posteriormente, se firmaron nuevas adendas que permitieron la continuidad del contrato pese a las observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), informes internos y una auditoría institucional.

El fiscal informó que cuenta con elementos suficientes para avanzar en breve hacia una acusación. La Auditoría Interna Nº 12/2024, incorporada al expediente, documentó las presuntas irregularidades detectadas.

La incógnita sobre el regreso: Con respecto al retorno de Bataglia a Paraguay, que viajó a Italia, ninguna autoridad pudo aclarar y mucho menos su defensa está interesada en hacerlo. Para el abogado defensor, Arturo Daniel, lo importante es que su cliente se puso a disposición de la justicia, y sobre cómo volvió, es lo de menos.

El fiscal Julio Ortiz había dicho tras la declaración indagatoria del 12 de agosto que el Juzgado competente se encargaría de analizar el caso de Vicente Bataglia que viajó a Italia a través de la Dirección de Migraciones, pero regresó en forma clandestina. Efectivamente, así lo hizo ayer el juez Rodrigo Estigarribia y ordenó el arresto domiciliario del citado imputado.

Ortiz explicó que desconoce por dónde Battaglia entró al país y que tampoco pudo obtener esa información directamente del procesado. “No sé cómo ingresó al país”, afirmó.

Nueva causa contra Brítez: Por otra parte, la Fiscalía abrió ayer una nueva causa contra Jorge Brítez, otro expresidente de IPS procesado sobre el mismo caso en el que está Vicente Bataglia. Sin embargo, la nueva causa corre en forma paralela al supuesto desfalco de 61 mil millones de guaraníes.

La Fiscalía investiga ahora una licitación que se realizó durante la administración de Brítez en el 2024 por valor de 3.500 millones de guaraníes para mantenimiento de ascensores en el Instituto de Previsión Social. Las pesquisas se centran en que en el proceso licitatorio se habrían utilizado documentos falsos.

Otro investigado en este caso nuevo es Jaime Caballero, exgerente de Abastecimiento de la citada previsional.

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