En prosecución a la investigación del perjuicio patrimonial de G. 61.000.000.000 en el Instituto de Previsión Social (IPS), causa en la que están imputadas nueve personas entre las mismas, dos expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Magno Brítez, el fiscal de la causa Julio Ortíz indicó que el 18 de agosto pasado declaró el exconsejero Carlos Pereira, actual asesor de la previsional.
Según el representante del Ministerio Público, Pereira indicó en su declaración que la decisión para otorgar la licitación de los quirófanos móviles a la empresa Neighpart S.A fue bajo la presidencia de Andrés Gubetich. Sostuvo Pereira que el último eslabón para otorgar la licitación es la junta de consejeros, porqué primero todo pasa por los diferentes departamentos administrativos del IPS.
Según lo expuesto por Pereira, los integrantes del Consejo de Administración constituyen el quinto eslabón dentro del proceso de una licitación del IPS. El procedimiento comienza con la gerencia que solicita la necesidad o el requerimiento de adquisición. En el caso investigado, se trataba de productos y abastecimiento vinculados a la construcción de un quirófano.
El segundo paso corresponde a la gerencia del área, en este caso la de mantenimiento, donde se revisan las necesidades. Posteriormente, el proceso pasa a la gerencia encargada de elaborar el pliego de bases y condiciones y establecer los precios referenciales, conforme a los parámetros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
El cuarto paso corresponde al comité de evaluación de ofertas, que analiza la documentación presentada por las empresas participantes. Una vez seleccionada la firma ganadora, el expediente llega al Consejo de Administración, que recibe la comunicación sobre la adjudicación y dicta la resolución de aprobación.
Ortiz señaló que, posteriormente, se designa al administrador del contrato y que, conforme a una resolución del IPS, la gerencia o dirección que solicitó la licitación tiene responsabilidad solidaria.
“El Consejo Directivo no tiene injerencia en la elección de una empresa que gana la licitación. Eso es lo que manifestó”.
En la causa se encuentran imputados: Vicente Battaglia, quien cuenta con arresto domiciliario con tobillera electrónica; Jorge Magno Brítez, además de Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel, Juan Manuel Villar, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco.
La Fiscalía sostiene que los procesados realizaron pagos anticipados y aprobaron adendas vinculadas al contrato para un quirófano modular antes de que estuviera liberada la zona de obras del Hospital Central.
De acuerdo con la imputación, G. 53.000 millones del perjuicio corresponderían a decisiones adoptadas durante la administración de Bataglia. La hipótesis fiscal añade que, posteriormente, se firmaron nuevas adendas que permitieron la continuidad del contrato pese a las observaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), informes internos y una auditoría institucional.
El fiscal había informado que cuenta con elementos suficientes para avanzar en breve hacia una acusación. La Auditoría Interna Nº 12/2024, incorporada al expediente, documentó las presuntas irregularidades detectadas. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la actual administración del IPS y se centra en los pagos realizados mediante sucesivas adendas que, según la Fiscalía, elevaron el perjuicio patrimonial atribuido a la previsional hasta G. 61.000 millones.