Conforme a la resolución del fiscal general Emiliano Rolón Fernández por los agentes fiscales de la unidad de Lucha Contra el Narcotráfico con sede en Salto del Guairá Abelino Fernández, el agente Óscar Paredes de la unidad Penal 1 de Katueté, Sonia Sanguinés de la unidad de Derechos Humanos y Alejandro Cardozo de Crimen Organizado.
Estos fiscales investigarán dos causas: una de ellas relacionadas al operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas en Corpus Christi, donde de acuerdo al informe oficial fueron abatidos el líder indígena Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa,
La otra investigación tiene que ver con que organizaciones sociales señalan que fue una ejecución.
En el primer caso la Senad con el ministro Jalil Rachid a la cabeza sostienen que los abatidos y el detenido Bruno Ruiz abrieron fuego contra los agentes. Los relacionaron con el supuesto criminal prófugo Felipe Santiago Acosta, alias Macho.
“La organización de “Macho” está migrando a otras zonas tras los golpes de la Senad, que incluyeron bajas e incautaciones de droga, además de reclutamiento de civiles y extorsión a productores. Los abatidos inicialmente empezaron a disparar contra los agentes”, sostuvo el ministro, quien afirmó que uno de los impactos de bala dio contra el chaleco antibala de un integrante de la Senad.
La segunda .causa tiene que ver con el pedido de esclarecimiento de lo ocurrido al que se sumó el cardenal Adalberto Martínez.
“Se han comunicado otros hechos graves y preocupantes ocurridos durante el procedimiento. Estas situaciones también deben ser debidamente investigadas y esclarecidas por las autoridades competentes, garantizando la seguridad, la integridad y los derechos de las familias afectadas y de toda la comunidad” dice un comunicado del arzobispado..
“Ante las diferentes versiones sobre las circunstancias de estas muertes, esperamos que las autoridades competentes y el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía, puedan investigar a fondo esta situación, esclarecer la verdad y deslindar responsabilidades”, dice en otra parte el manifiesto.
Un punto que llama la atención al Ministerio Público es que el procedimiento no fue comunicado ni mucho menos tuvo acompañamiento de las autoridades de la fiscalía.