Un total de ocho funcionarias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que denunciaron ataques vía celular y redes ya no tienen la protección judicial que una jueza de Paz de la Recoleta había dictado a su favor. Otra jueza de paz, esta vez de San Roque, levantó las medidas de protección e inclusive rechazó la denuncia. Las afectadas apelaron y pidieron la nulidad de la revocatoria.
Según los antecedentes, las funcionarias denunciaron hostigamiento hacia ellas por aproximadamente 17 meses a través de las cuentas de Facebook y mensajes a través del teléfono. Esa campaña incluía expresiones degradantes, insinuaciones sobre su vida privada y afirmaciones que señalaban el acceso de algunas de ellas a cargos de dirección por supuestas relaciones personales y no por sus méritos.
Las denunciantes presentaron cerca de un centenar de capturas de pantalla, además de un acta notarial relacionada con mensajes remitidos a sus móviles. Fueron denunciados los funcionarios: Fredy Bernardo González Arrúa, Bernardo Diosnel Sosa Kemal, Rubén Estanislao Galeano y Arnaldo Andrés Britos Blanco.
El Juzgado de Paz de Recoleta (los dos juzgados de paz mencionados son de Asunción) ordenó medidas urgentes de protección a favor de las denunciantes, como no acercarse a las trabajadoras ni a sus familiares.
También prohibió actos de intimidación, persecución, amenaza o descrédito sea a través de terceros o medios tecnológicos.
El Indert venía cumpliendo la orden judicial. Por ejemplo, a raíz de la orden del Juzgado, la institución trasladó preventivamente a los cuatro funcionarios a sus locales del interior, como en Concepción, Paraguarí, Guairá y San Pedro.
Sin embargo, los denunciados lograron llevar el expediente al Juzgado de San Roque mediante incidentes y este Juzgado dictó totalmente otra disposición: ordenó el levantamiento de todas las medidas contra los denunciados y rechazó la denuncia.
La denuncia señala que las publicaciones no se referían a cuestionamientos sobre la gestión pública sino a expresiones denigrantes vinculadas específicamente con su condición de mujeres y con insinuaciones sobre las razones por las que ocupaban cargos.
La defensa sostiene que lo insólito es que la resolución del segundo Juzgado sostiene que por tratarse de funcionarias estatales, las denunciantes están sometidas a un mayor nivel de escrutinio y crítica pública. No consideró la denuncia como tal, aun cuando los denunciados fueron identificados plenamente.
El criterio del Juzgado de San Roque no puede utilizarse para despojar a las mujeres de la protección frente a ataques que no tienen nada que ver con su desempeño profesional, según la defensa.
La abogada Ximena López, defensora de las denunciantes, apeló la resolución y pidió la restitución inmediata de las medidas de protección hasta que el caso sea dirimido en un juicio.