El Ministerio de Justicia informó hoy que ayer, aproximadamente a las 12:55 se recibió en el Centro Penitenciario de Minga Guazú a una mujer, que manifestó haber recibido amenazas de muerte y hostigamientos vía telefónica desde el interior de dicho establecimiento penitenciario.
La denuncia verbal fue realizada en presencia del director del establecimiento y del Consejo Asesor. La denunciante señaló como presunto responsable a una persona privada de libertad , alojado en el módulo N.º 6, planta alta.
El citado Ministerio informó que ante la gravedad de la situación, y conforme a los protocolos de seguridad penitenciaria, el director del establecimiento dispuso de manera inmediata la realización de una requisa preventiva, con el acompañamiento de la Policía, en el lugar de alojamiento del preso denunciado.
Durante el procedimiento fue incautado un aparato celular marca Nokia, modelo 1190, de color negro, que contenía una tarjeta SIM, además de su cargador.
Asimismo, fue localizado un elemento punzante, consistente en una planchuela de hierro de aproximadamente 25 centímetros, envuelta en una tela de color azul, dice el informe.
La denunciante proporcionó a las autoridades el número telefónico desde el cual manifestó haber recibido las amenazas. A fin de verificar la vinculación del dispositivo incautado con los hechos denunciados, un miembro del Consejo Asesor realizó una llamada al número señalado desde su teléfono institucional/personal.
Al efectuarse la llamada, el aparato celular incautado respondió efectivamente a la comunicación, constituyéndose este hecho en un elemento de verificación dentro del procedimiento administrativo y de seguridad, indica el informe.
Las autoridades del Ministerio de Justicia no informaron el nombre de la persona privada de libertad. No obstante, informó que como medida preventiva, las autoridades penitenciarias dispusieron el alojamiento preventivo de la persona privada de libertad en el módulo N.º 8, planta baja, bajo el régimen cerrado especial.
El procedimiento y los elementos incautados quedan sujetos a las actuaciones administrativas correspondientes y, de ser necesario, serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones pertinentes, agrega el informe.
El Ministerio de Justicia indicó que dispondrá la apertura del sumario administrativo y las investigaciones correspondientes (que ya están en curso) a fin de determinar las circunstancias en las que el aparato celular ingresó al establecimiento penitenciario y cómo llegó a poder de la persona privada de libertad.
Asimismo, informó que se investigará la eventual complicidad, connivencia o participación de agentes penitenciarios y/o funcionarios del establecimiento que pudieran haber facilitado el ingreso, tenencia o acceso a elementos prohibidos dentro del recinto penitenciario.
Estas actuaciones permitirán individualizar responsabilidades y adoptar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan, conforme a la normativa vigente.
El Ministerio de Justicia prometió mantener una política de tolerancia cero frente al ingreso y tenencia de elementos prohibidos en los establecimientos penitenciarios.