Rafael Filizzola acumuló cerca de 16 años en cargos públicos: fue diputado entre 1998 y 2008, ministro del Interior entre 2008 y 2011 y volvió al Senado en 2023. Cada etapa implicó remuneraciones pagadas por los contribuyentes. Sin embargo, no existen planillas históricas completas que permitan sumar con precisión todo lo percibido durante su carrera. Por eso, cualquier cálculo serio debe distinguir entre montos comprobables y estimaciones.
El dato más reciente surge de la actual legislatura. Entre agosto de 2023 y julio de 2026, Filizzola habría recibido alrededor de G. 1.364.400.000 en dieta y gastos de representación. Hasta diciembre de 2024, esa suma mensual rondaba G. 32.774.840; luego, los reajustes acercaron la remuneración parlamentaria a unos G. 40 millones mensuales. Es costo directo y verificable de su función actual, aunque la cifra final debe cotejarse con las liquidaciones oficiales del Congreso.
El tramo más difícil de cuantificar es el que corresponde a sus dos períodos como diputado y a casi tres años al frente del Ministerio del Interior. No alcanza con multiplicar el salario actual por los años de carrera: las dietas, asignaciones y estructura presupuestaria cambiaron con el tiempo. Pero el recorrido revela una constante: más de una década y media de presencia en puestos sostenidos por recursos públicos.
A ese costo salarial se añaden los eventuales perjuicios investigados por decisiones tomadas durante su administración en Interior. Aquí la precisión es decisiva: no son deudas personales cobradas a Filizzola ni montos judicialmente establecidos como perjuicio definitivo; son cifras atribuidas por la Fiscalía en expedientes que no llegaron a una sentencia de fondo.
El caso de los helicópteros para la Policía Nacional concentró el monto mayor. La acusación fiscal habló de un supuesto daño patrimonial de más de G. 50.000 millones —aproximadamente USD 8 millones— por la compra de aeronaves. En marzo de 2025, Filizzola fue sobreseído definitivamente, luego de nulidades relacionadas con su declaración indagatoria y a pedido del Ministerio Público. El desenlace fue jurídicamente favorable para él, pero no existió un juicio oral que analizara contratos, pericias y el destino de esos fondos.
El segundo expediente fue el de las llamadas “comisarías de oro”, por refacciones y adecuaciones en 24 dependencias policiales. La Fiscalía atribuyó un posible perjuicio de G. 1.131.812.500. La causa fue cerrada por prescripción en mayo de 2025; Fiscalía apeló, y tampoco hubo debate oral que definiera el fondo de la acusación.
La suma de ambos montos investigados supera los G. 51.131 millones. Representa la dimensión de los recursos públicos cuestionados en expedientes de su gestión que terminaron sin veredicto a causa de las extensas chicanas.
Rafael Filizzola tiene un costo al erario público por sueldos y beneficios durante una extensa carrera, con G. 1.364 millones estimados solo en sus primeros tres años de Senado, sin contar los ingresos como diputado y ministro del interior.. El otro es político e institucional: más de G. 51.131 millones sometidos a sospecha fiscal sin que un tribunal haya dicho, tras valorar pruebas, si hubo o no perjuicio al Estado.