El fiscal Julio César Ortiz, quien imputó por lesión de confianza y dispuso la detención de Bataglia dijo a la Tribu 650 AM que le preguntó al procesado cómo ingresó al país. Pero toda posibilidad de respuesta fue censurada por el abogado Arturo Daniel
“Doctor, él se va a abstener, no va a contestar ninguna pregunta”, fue lo que le dijo el abogado, según el agente fiscal. Ante esta situación, Ortiz señaló que no podía obligarlo a brindar información sobre su ingreso.
Efectivamente Battaglia se abstuvo de declarar y luego el fiscal levantó la orden de captura.
Consultado sobre la situación migratoria, el fiscal confirmó que Bataglia no figura con registro de entrada al país. El extitular había viajado a Italia el pasado 23 de Julio, según los registros migratorios.
Ortiz explicó que desconoce por dónde Battaglia entró al país y que tampoco pudo obtener esa información directamente del procesado. “No sé cómo ingresó al país”, afirmó.
Ortiz sostuvo que la eventual irregularidad migratoria debe ser analizada por las instituciones competentes y aclaró que no corresponde a la Fiscalía determinar las consecuencias administrativas de un ingreso sin registro. También afirmó que el hecho de no registrar la entrada al territorio nacional no constituye un hecho punible. “No es un delito y mucho menos un crimen”, dijo.
También el director de Migraciones Jorge Kronawetter fue abordado por la Tribu 650 sobre este tema. La autoridad evitó referirse a una situación concreta y señaló que la información migratoria tiene carácter confidencial.
Explicó que la falta de registro de ingreso o salida puede constituir una infracción administrativa cuando no existe una restricción asociada.
Mientras que el abogado Arturo Daniel enfatizó en que lo importante es que su cliente se puso a disposición de la Justicia y no la forma en la que llegó a Paraguay.
“Él ingresó al país como todo ciudadano paraguayo y se puso inmediatamente a disposición del Ministerio Público”, enfatizó
El extitular de IPS es el principal imputado de los nueve procesados por lesión de confianza, Se les atribuye un perjuicio patrimonial de 61 mil millones de guaraníes en obras fallidas del Instituto de Previsión Social.