El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia no hizo lugar al pedido del fiscal Julio Ortíz del embargo preventivo de los bienes de los imputados, sin embargo hizo lugar al pedido de decretar la inhibición general de vender y gravar bienes para los imputados: Vicente Bataglia, Hugo Enrique Aranda, Juan Manuel Villar, José Raúl Coronel, Rosa Concepción Colmán, Jaime Joel Caballero, Marcelo Rubén Bordón, Jorge Magno Brítez y Verónica Alejandra Blanco.
Sobre el pedido del embargo preventivo por parte del Ministerio Público, el juez fundamenta que rechazó la solicitud porque la fiscalía no individualiza los bienes sobre los cuales pretende hacer efectiva.
El Ministerio Publico tampoco precisó la extensión concreta de la afectación patrimonial solicitada respecto de cada de los nueve imputados, sino mantuvo como referencia el monto global señalado en el requerimiento inicial G. 61.000.000.000.
“En estas condiciones, una orden que dispusiera genéricamente el embargo sobre bienes suficientes carecería de la determinación necesaria para su efectiva ejecución y, fundamentalmente, impediría a esta Magistratura ejercer adecuadamente el control de proporcionalidad respecto de los bienes concretamente afectados y de la extensión de la medida en relación con cada una de las personas sometidas al procedimiento”, refiere la resolución.
“El órgano jurisdiccional tampoco puede seleccionar de oficio cuáles bienes deben ser afectados, pues ello supondría sustituir a la parte requirente tanto en la determinación del objeto de su pretensión como en la actividad investigativa previa necesaria para formularla”, sostiene la resolución.
Constitución fiscal
El fiscal Julio Ortíz se constituyó en la mañana de hoy en el depósito del ente previsional para corroborar la existencia de la instalación de los quirófanos modulares que debían de estar construidos según el contrato con la firma Neighpart. Tal cosa no fue encontrada por el agente del Ministerio Público.
La comitiva sí encontró los aparatos y accesorios que en un principio debían estar en el séptimo piso de la previsional, pero por el peso de las máquinas el proyecto pasó a la planta baja. Empero la obra paró por otro problema, lo que dejó paralizado el proyecto.
El agente del Ministerio Público tuvo el acompañamiento profesional del arquitecto Gustavo Masi, quien anteriormente también era parte de la previsional. Igualmente estuvo el presidente de la institución, doctor Isaías Fretes.
El arquitecto Masi indicó que según los documentos del contrato, en el lugar debía encontrarse todos los elementos de un sistema de refrigeración, un aparato pesado que debía de ser instalado en el séptimo piso de la institución.
En 30 segundos
El juez de garantías Rodrigo Estigarribia ofició ayer a la Dirección General de los Registros Públicos a fin de que proceda a la inscripción de la inhibición general de vender y gravar bienes decretada respecto de las personas individualizadas en la causa relacionada al Instituto de Previsión Social.