El exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens recibió la recomendación de dar continuidad a la obra conocida como Metrobús. Incluso había peritajes que determinaban la viabilidad constructiva de la obra. Así señaló ayer, la fiscala Yeymi Adle a la Tribu 640 AM.
La agente fiscal junto a sus colegas Natalia Silva y Giovanni Grisetti acusó el pasado martes por lesión de confianza y daño a obras construidas. Los tres pidieron que la causa se eleve a juicio oral y público.
La representación investigativa sostiene que el procesado actuó de forma unilateral al ordenar la suspensión del proyecto y la destrucción de infraestructuras, de acuerdo a lo referido por la agente fiscal en el programa Expreso Informativo.
La recepción del proyecto por parte de la nueva administración se dio con un avance físico verificado del 40%, afirmó para después indicar que la firma del acta de entendimiento el 23 de octubre de 2018 con la constructora Mota-Engil dispuso la paralización de las tareas y la ejecución de obras no contempladas en el contrato original.
Los informes elaborados por la consultora internacional Transconsulting recomendaban dar continuidad al trazado original.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aconsejó aprovechar las estructuras y optimizar el uso de los recursos públicos invertidos.
Los peritajes técnicos incorporados al proceso arbitral confirmaron la viabilidad constructiva de la obra, refirió.
La fiscala explicó que la orden de demolición dictada en abril de 2020 abarcó 6 estaciones de metrobus construidas sobre el corredor central. Las consultas remitidas a la Contraloría General de la República por parte del Ministerio Público confirmaron la inexistencia de informes periciales previos que justificaran la destrucción.
El Estado paraguayo desembolsó previamente más de 6 900 millones de guaraníes por las estaciones.
La contratación de servicios para la demolición demandó el pago de 8 030 millones de guaraníes en recursos estatales según la acusación.
El dictamen remitido en su momento por la Procuraduría General de la República advertía la necesidad de contar con respaldo técnico.
Sobre la falta de justificativos periciales para la toma de decisiones, la agente del Ministerio Público (Fiscalía) remarcó: “Lo único que le asesoró fue el procurador que le dijo que para la demolición de las estaciones debía tener un informe técnico previo que no se realizó, y para la suscripción del acta de entendimiento no hay ningún informe técnico”.
La tipificación de las conductas atribuidas configura un concurso de delitos con un marco penal de hasta 7 años y 6 meses de encierro. El cálculo preliminar del perjuicio patrimonial abarca montos pagados por contratos de consultoría e indemnizaciones a frentistas.
Los pagos efectuados a la empresa contratista alcanzaron una suma superior a los 180.000 millones de guaraníes.
La expropiación pendiente afectaba únicamente a 13 frentistas al momento de la paralización.
Los estudios de factibilidad desarrollados desde 1998 integraban el plan de infraestructura urbana.
Heredó una obra inviable, dice exministro
En un comunicado a la opinión pública Arnoldo Wiens señaló que mediante un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje en diciembre de 2023 se resolvió por unanimidad que el proyecto se licitó sobre un catastro erróneo y que el MOPC, durante la administración de Ramón Jiménez Gaona debía dar acceso a las obras y no la dio.
También concluyó que la municipalidad de Asunción nunca aprobó el proyecto porque se ordenó diseñar un desagüe peor que el existente.
“De mi gestión como Ministro de Obras, dijeron que el Estado terminó legítimamente el contrato porque Mota Engil no renovó la garantía de cumplimiento. En rigor eso fue lo que hice. Heredé una obra inviable y tomé una decisión absolutamente legal”, dice Wiens en parte del comunicado.