En el lenguaje de la política, no hay bandera más rentable ni más fácil de flamear que la ética pública. Erigirse en el fiscalizador implacable de la corrupción ajena permite construir una reputación de rectitud sin arriesgar demasiado. Sin embargo, cuando se suman los folios de la trayectoria de Rafael Filizzola, el balance no se mide en discursos, sino en guaraníes. La trayectoria del legislador combina dos factores sumamente costosos para el contribuyente: el impacto financiero de sus decisiones administrativas al frente del Ministerio del Interior y una extensa carrera política financiada ininterrumpidamente con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN).
El aspecto más gravoso de su paso por la función ejecutiva se concentra en dos expedientes judiciales emblemáticos que ampararon acusaciones por presunto daño patrimonial millonario: el caso de la compra de helicópteros para la Policía Nacional y la causa conocida como “Comisarías de Oro”.
En el caso de las aeronaves, la Fiscalía estimó un perjuicio superior a los G. 50.000 millones (más de USD 8 millones). No se trataba de un número abstracto en una planilla; era el equivalente a cientos de patrulleras, infraestructura de seguridad y equipamiento táctico. En “Comisarías de Oro”, las sospechas giraron en torno a desembolsos por más de G. 1.100 millones por refacciones en 24 dependencias que, según las investigaciones, se abonaron de manera acelerada y sin las correspondientes certificaciones de recepción de obras.
Sumadas ambas causas, el Estado imputó un perjuicio que supera ampliamente los G. 51.000 millones. Y es allí donde aparece el núcleo del estigma político: ninguno de los dos procesos produjo una sentencia absolutoria que demostrara la transparencia de los contratos. En el caso de los helicópteros, la causa se extinguió tras anularse la acusación por un vicio formal en su declaración indagatoria, derivando en un sobreseimiento definitivo a pedir de boca. En las comisarías, el expediente navegó durante doce años en una ciénaga de nulidades, recusaciones e incidentes procesales que empujaron el proceso al umbral de la prescripción.
Salvarse de la condena mediante el uso quirúrgico del garantismo procesal (chicanas) o la simple llegada del vencimiento de plazos no equivale a ser absuelto tras probar la inocencia en juicio oral. Es simplemente ganar en la mesa de entradas lo que se evitó discutir de cara a la sociedad.
A esta pesada factura en los tribunales se le añade la del costo directo de su permanencia en la nómina oficial. Sumando sus periodos como diputado nacional (1998-2008), ministro del Interior (2008-2011) y su posterior retorno al Senado (2023-2028) —trayectoria compartida en el tablero parlamentario con su esposa, la exsenadora Desirée Masi—, la pareja acumula más de 35 años de representación pública financiada de forma directa con dietas, gastos de representación y salarios del Estado.
Esta prolongada dependencia del erario público contrasta con su discurso de distancia crítica con las mañas del sistema. Exigir la máxima austeridad y transparencia para los adversarios mientras se vive holgadamente del presupuesto estatal y se eluden las explicaciones de fondo sobre compras millonarias resulta un ejercicio de cinismo burocrático.
La factura total que Filizzola le deja al contribuyente no es solo monetaria; es fundamentalmente institucional. El país se quedó sin saber el destino real de millonarios fondos destinados a la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, sigue financiando la banca de un fiscalizador cuyo mayor logro procesal fue evitar, una y otra vez, sentarse en el banquillo de un juicio público.