Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti pidieron juicio oral para el exministro del MOPC Arnaldo Wiens. Según los fiscales, el perjuicio económico rondaría los G. 15.000 millones de guaraníes y lo acusaron por lesión de confianza y daño a obras construidas.
El documento se centra en las decisiones de Wiens, cuando era ministro del MOPC durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, de suspender la construcción del metrobús y posterior abandono del proyecto.
El 23 de octubre del 2018, año en el cual Wiens asumió el cargo, este suscribió con la constructora Mota-Engil un Acta de Entendimiento mediante la cual se acordó suspender el proyecto original y realizar trabajos destinados principalmente a la rehabilitación de la calzada.
Según la Fiscalía, se desembolsó 180.000 millones de guaraníes entre el 2016 y el 2019. Se contó con financiamiento de USD 125 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros USD 19 millones del Fondo OFID. El contrato original con Mota-Engil fue adjudicado por G. 300.417 millones y posteriormente ampliado hasta G. 403.900 millones.
El Ministerio Público individualizó un perjuicio patrimonial de 14.955.317.035 guaraníes. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 abogados por el Estado por trabajos ejecutados. Además, G. 6.924.624.006 guaraníes correspondientes al costo de construcción de las estaciones números 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que posteriormente fueron destruidas, dice la acusación.
La Fiscalía aclaró además que ese monto no comprende el eventual perjuicio económico derivado de la utilización para otros fines como el proyecto en sí. Este punto no pudo precisar la Fiscalía, pero sí informó que cuenta con las pruebas de los pagos hechos en forma general.
Los pagos realizados a la empresa contratista se encontraban respaldados por certificados correspondientes a obras efectivamente ejecutadas, por lo que las inversiones efectuadas por el Estado estaban materializadas en infraestructura destinada específicamente al funcionamiento del sistema metrobús, agrega el documento.
Según la acusación, la secuencia de decisiones u omisiones atribuida al acusado comenzó con la suspensión de las obras y la suscripción del Acta de Entendimiento del 23 de octubre del 2018, continuó con la falta de implementación de alternativas recomendadas para dar continuidad al proyecto y con la terminación del contrato N° 100/2016 y posteriormente derivó en la demolición y la utilización de bienes destinados al proyecto para otros fines.
Esta modificación constituyó el punto de inflexión y el primer acto material del proceso de inutilización, marcó el inicio del daño a las obras construidas, así como inicio de lo que posteriormente se convertiría en el abandono definitivo del proyecto, sostuvo la Fiscalía.