El juez penal de Garantías, especializado en delitos económicos, Humberto Otazú no hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por el exdiputado Orlando Arévalo en la causa por presunto cohecho pasivo agravado. Confirmó su resolución anterior en el sentido de que no corresponde al juzgado verificar o contrastar en audiencia privada las supuestas fallas reportadas por la defensa en las copias de un disco duro externo en la causa conocida como “los chats de Lalo”. El expediente pasa ahora al Tribunal de Apelación para su posterior estudio.
El magistrado indicó que una vez que “las partes retiran los soportes informáticos del juzgado, el órgano jurisdiccional pierde el control físico y la custodia de los mismos, quedando imposibilitado de validar manipulaciones o fallas que reporten los procesados en sus equipos privados”.
En diciembre del 2025, los fiscales Luis Piñánez, Verónica Valdez y Francisco Cabrera presentaron imputación contra el expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Arévalo, sosteniendo que este habría pedido al exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes una garantía para acceder a un crédito a cambio de un favor.
La garantía sería que “Lalo” Gomes endose tres cheques, cargo Banco Nacional de Fomento, que en total sumarían 202 millones de guaraníes. En otras palabras, “Lalo” sería el garante de Arévalo para el préstamo en el BNF con ese monto.
Los fiscales Luis Piñánez, Verónica Valdez y Francisco Cabrera presentaron la imputación. Los agentes hicieron escuchas y desgrabaciones de mensajes de los teléfonos que fueron incautados a “Lalo” Gomes, donde varias personas hablan y entre ellas escucharon a Arévalo, jueces, fiscales e inclusive al extinto exdiputado.
Supuestamente, en las grabaciones Arévalo pide el endoso de los cheques, el 8 de septiembre del 2023, cuando este ejercía la presidencia del JEM, y “Lalo” menciona que le preocupaba la situación de una fiscala que estaba enjuiciada por esta institución, en este caso era Stella Mary Cano. Entonces, en la conversación se habló del cambio de favores, según la Fiscalía.