Aunque los casos “comisarías de oro” y helicópteros tuvieron rutas procesales distintas, ambos coinciden en el mismo agujero reputacional para Rafael Filizzola: la ausencia de un juicio oral que juzgue las pruebas.
En la política, las absoluciones verdaderas se conquistan de cara a la sociedad, exponiendo documentos y demostrando inocencia en una audiencia pública. Sin embargo, para Rafael Filizzola, los dos escándalos más gravitantes de su paso por el Ministerio del Interior concluyeron bajo una misma tónica: la extinción de la persecución penal mediante cerrojos procesales (chicanas) y sin que un solo tribunal de sentencia examinará el fondo de las acusaciones.
El paralelismo entre el expediente de las “comisarías de oro” y el de la compra de helicópteros resulta revelador. En el primero, la estrategia defensiva tejió un laberinto de recursos, nulidades y planteamientos de prescripción durante más de doce años, logrando apagar la causa por el simple transcurso del tiempo. En el segundo, el argumento central fue la invalidez de la declaración indagatoria, lo que derivó en la anulación de la acusación y en el sobreseimiento definitivo por vicios de trámite.
Dos caminos jurídicos diferentes, pero con idéntico resultado reputacional. En ninguna de las dos causas existió un veredicto de mérito. Ningún juez declaró que las comisarías fueron refaccionadas con transparencia ni que los helicópteros valían más de G. 50.000 millones presupuestados.
Ambas investigaciones se derrumbaron antes de que los peritajes y los cheques girados fueran expuestos al escrutinio ciudadano.
Ahí radica la principal vulnerabilidad del exministro. Pretender vender estos desenlaces como “certificados de pulcritud” es una pirueta discursiva insostenible.
Salir beneficiado por la torpeza del Ministerio Público o por el agotamiento del calendario judicial no equivale a ser declarado inocente. Es, simplemente, la demostración de un uso quirúrgico de las garantías procesales para no pisar el banquillo.
Para la opinión pública, el patrón es innegable: dos investigaciones millonarias por presunta lesión de confianza y cero explicaciones en juicio oral. El tiempo habrá cerrado los expedientes en los tribunales, pero la sombra de la duda permanece intacta.