En 2018 declaró un patrimonio neto de G. 30 millones; en julio de 2023, G. 164.201.920. En julio de 2021, una Mazda BT-50 fue declarada en USD 32.000, aunque el número “32.000” habría ingresado al cálculo como guaraníes. En 2023, el vehículo fue registrado por G. 232.283.200. La corrección explica parte del aumento, pero revela una falla que distorsiona la lectura patrimonial.
El dato más sensible es una operación inmobiliaria anotada entre los pasivos por G. 578.005.440. La cuota era de G. 11.205.040 y el saldo pendiente, de G. 22.410.880: según esos datos, estaba casi cancelada. Sin embargo, en las DD.JJ. revisadas no aparece departamento, casa, terreno, unidad en construcción ni derecho inmobiliario asociado.
Corresponde saber si hubo compra, rescisión, cesión u otro desenlace. Contrato, recibos, escritura, certificado o constancia de cancelación pueden relacionar la deuda con el bien, o explicar por qué no figura.
También importa el margen declarado en 2023. Con ingresos mensuales de G. 32.774.840, gastos ordinarios de G. 11.374.968 y cuotas por G. 14.988.560, quedaban cerca de G. 6,4 millones antes de imprevistos. Es una estimación de ese año.
Las escrituras conocidas sobre la reparación a la familia de Emilio Benítez consignan G. 80 millones, en dos actos de G. 40 millones, además de gastos médicos, internación y sepelio.
Las copias no precisan públicamente el medio de pago. Se debe demostrar si el origen es irregular o no, y estos exige comprobantes.
La Toyota Fortuner registrada a nombre de Espínola tampoco aparece en las DD.JJ. revisadas hasta julio de 2023. Debe informar fecha, valor, vendedor y forma de pago.
Los representantes del Poder Legislativo deben ser los primero en resguardar la transparencia. Hoy existen dudas sobre el patrimonio del diputado Mauricio Espinola y el silencio no colabora.