El Ministerio Público (Fiscalía) encabeza las diligencias de investigación penal tras la formulación de denuncias por presunto abuso sexual infantil en un centro asistencial céntrico. El agente fiscal, Federico Leguizamón, confirmó la imputación formulada contra un fisioterapeuta de 42 años que permanece en condición de prófugo, además de ordenar la incautación de las grabaciones del circuito cerrado del establecimiento.
Allanamiento e incautación de sistemas de circuito cerrado
La comitiva judicial ejecutó un procedimiento de allanamiento en las dependencias de la clínica especializada a partir de las 10:30 de la mañana. La inspección del inmueble se extendió por más de cinco horas para recabar documentaciones de pacientes y asegurar los equipos informáticos.
La representación fiscal incautó el grabador digital de video para someterlo a peritajes técnicos autorizados.
El juez penal de garantías deberá emitir la resolución de extracción de datos sobre los archivos magnéticos.
La causa se debatió con el agente fiscal en el programa La Pelu por La Tribu 650 AM, donde se detallaron los primeros avances del caso.
La fiscala antecedente, Sandra Fariña, activó la atención psicológica victimológica antes de remitir las actuaciones por competencia territorial.
Identificación de víctimas y revelaciones mediante tecnología
Las denuncias iniciales involucran a un niño de 10 años y una niña de 7 años que acudían a sesiones de estimulación física. Los afectados presentan discapacidad motora, habiendo logrado la primera víctima comunicar las agresiones a sus padres a través de una pantalla táctil adaptada.
La inspección médica forense confirmó los primeros hallazgos clínicos en el expediente.
La comunicación de los hechos por parte del primer menor facilitó que otros familiares indagaran sobre los episodios.
Una tercera víctima potencial fue identificada por los investigadores en las últimas horas.
Los abusos investigados se habrían registrado de manera continuada desde el año 2024.
Orden de detención y requerimientos a organismos del Estado
El fiscal del caso ordenó la orden de detención preventiva comunicando la resolución a la Comandancia de la Policía Nacional. La Dirección General de Migraciones registró la alerta de restricción de salida en las terminales fronterizas del país.
La esposa del imputado se comprometió a entregar la lista completa de pacientes atendidos en el recinto.
La representación del Ministerio Público (Fiscalía) solicitó informes al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Ministerio de Salud).
Respecto a la etapa actual de las pesquisas, el representante judicial enfatizó: “Es una etapa muy incipiente de la investigación en la que lo primero que nosotros queremos evitar es que efectivamente existan más víctimas y encarar el sostenimiento a estas víctimas”.
Las autoridades no descartan la aparición de nuevas denuncias en otros centros asistenciales.
Marco de protección legal y búsqueda del sospechoso
El código penal castiga los hechos punibles contra la autonomía sexual con severas penas privativas de libertad. Las unidades operativas de la Policía Nacional realizan rastrillajes en puntos estratégicos para lograr la aprehensión del profesional.
Las grabaciones de las cámaras aportarán evidencias objetivas al proceso penal.
Los equipos de contención social brindan asistencia integral a los niños y a sus núcleos familiares.
La persecución penal proseguirá hasta poner al imputado a disposición de los tribunales, según concluyó Federico Leguizamón.